Tribunal Salvadoreño Niega Libertad a Mujer Injustamente Encarcelada
(COMUNICADO DE PRENSA) El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador negó liberar mujer
salvadoreña injustamente encarcelada luego de sufrir una emergencia obstétrica.
El Tribunal Segundo confirmó su injusta sentencia. Por
ahora, Teodora continuará en prisión hasta el 2038.
Durante casi 20 años, El Salvador ha criminalizado el
aborto en todas las circunstancias -incluso cuando es necesario para salvar la
vida de la mujer -imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al
personal de salud. La prohibición ha resultado en el encarcelamiento de
innumerables mujeres que han sufrido abortos espontáneos y complicaciones
relacionadas con el embarazo, quienes luego son acusadas de terminar su
embarazo y son injustamente condenadas por homicidio.
Catalina Martínez Coral, Directora Regional para
América Latina y el Caribe en el Centro, mencionó:
“Teodora nunca
cometió un delito. La decisión del Tribunal salvadoreño es otra injusticia
contra ella.
“El Tribunal
salvadoreño está perpetuando el enjuiciamiento penal de las mujeres que sufren
complicaciones durante el embarazo, negándoles sus derechos, su dignidad y su
libertad.
“Las leyes contra
el aborto en El Salvador criminalizan y encarcelan injustamente a las mujeres.
Hoy el Tribunal salvadoreño optó por negar a Teodora su debido proceso”.
En julio del 2007, cuando se encontraba en su trabajo
con nueve meses de embarazo, Teodora sintió un terrible dolor y solicitó
atención médica. Antes de que el personal de salud llegara, Teodora empezó a
sangrar, se desmayó y sufrió una emergencia obstétrica. La policía
inmediatamente sospecho que ella intentó terminar su embarazo y fue puesta en
prisión, separándola de su hijo de tres años.
Durante su caso, hubo múltiples violaciones al debido
proceso, incluida la falta de una defensa legal adecuada. Como resultado,
Teodora fue sentenciada a 30 años de prisión en el 2008 por homicidio agravado.
En octubre de 2016, un grupo de congresistas
propusieron una enmienda al Código Penal que, de ser aprobada, despenalizaría
el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la salud o vida de la mujer, o
cuando el embarazo sea producto de violencia sexual. En agosto del 2017, otro
congresista propuso una enmienda similar al Código Penal. Ambas propuestas han
recibido el apoyo de la Alianza por la Salud y la Vida de Las Mujeres—una
coalición de más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos,
incluyendo la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Ambas
enmiendas están esperando ser votadas por la Comisión Salvadoreña de
Legislación y Cuestiones Constitucionales antes de llegar al Congreso para su
discusión y votación final.
En diciembre del 2014, una coalición de organizaciones
sociales a nivel nacional e internacional liderada por la Agrupación Ciudadana
y el Centro, lanzó la campaña ,“Las17” ,por la liberación de 17 mujeres salvadoreñas que sufrieron
emergencias obstétricas, fueron acusadas de cometer abortos ilegales y
condenadas por homicidio agravado. “Mirna”, una de “Las
17″, fue liberada en diciembre del 2014, después de cumplir su condena
antes de que su perdón pudiera ser finalizado. En febrero del 2015, después de
cumplir siete años de prisión, Guadalupe recibió indulto y fue liberada. En mayo del 2016, ,María Teresa ,fue liberada después de que un juez dictaminara que hubo
violaciones al debido proceso en su caso. Y en febrero del 2017 ,Sonia Tábora ,obtuvo su libertad permanente. Las mujeres restantes están
actualmente cumpliendo condenas de 30 a 40 años por crímenes que nunca
cometieron.
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado para
evidenciar las consecuencias que la prohibición total del aborto en El Salvador
impone en las vidas de las mujeres. El Centro, junto con la ,Agrupación Ciudadana,
ha presentado dos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) -el órgano internacional de derechos humanos más importante en la
región- en nombre de mujeres que han sido encarceladas debido a la estricta
prohibición del aborto. El primer caso es el de Manuela, una mujer injustamente condenada a prisión que murió tras las rejas
luego de que se le diagnosticara un linfoma de Hodgkin del cual no recibió
tratamiento médico. En abril del 2017, la CIDH anunció la admisibilidad de esta petición. El segundo caso fue peticionado en
diciembre del 2015, en nombre de nueve mujeres encarceladas que tuvieron serias complicaciones durante sus embarazos.
Este caso está a la espera de la decisión de admisibilidad de la CIDH.
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