HuffPost Voces: El derecho de construir una familia
Luisa Cabal, Vicepresidenta de Programas en el Centro de Derechos Reproductivos
El temblor de tierra que estremeció a Costa Rica el 5 de septiembre fue poderoso, pero una audiencia pública que ocurrió ese día en San
José tiene la posibilidad de traer un cambio sísmico más fuerte pues podría afectar a toda Latinoamérica.
Ese día la Corte Interamericana de Derechos Humanos – la más alta Corte de derechos humanos en la región – escuchó argumentos contra la
prohibición de la fertilización ,in vitro ,en Costa Rica. La decisión que la Corte tome, que se espera para finales de este
mes, tendrá un efecto profundo sobre los derechos reproductivos de millones de mujeres y familias en toda la región.
Durante la audiencia, Miguel Mejía, una de las dieciocho personas que interpuso una demanda contra el Estado de Costa Rica por la prohibición de
la fertilización ,in vitro, habló sobre su inhabilidad de tener hijos tras un accidente que lo dejó paralizado de la cintura
para abajo. Junto con otras víctimas de la cruel prohibición de Costa Rica sobre esta tecnología reproductiva, él suplico a la Corte
que restableciera el derecho de las parejas de tomar sus propias decisiones sobre cómo y cuando construir sus familias.
Sin embargo, este caso no solamente afectará a personas buscando asistencia médica cuando tienen problemas de fertilidad, sino que afectará
a todas las personas en Latinoamérica que usan métodos anticonceptivos como el DIU, y afectará a las mujeres buscando servicios de
interrupción del embarazo. En el 2000 la Corte Constitucional de Costa Rica decidió que la fertilización in vitro era inconstitucional,
interpretando su norma constitucional del derecho a la vida de forma que su protección se extendiera desde el momento de la fertilización. Igual
que las propuestas legislativas que regulan la personalidad jurídica que los opositores de derechos reproductivos en Estados Unidos han tratado de
pasar en distintos estados en diversas ocasiones, esta interpretación de la constitución de Costa Rica fue utilizada para prohibir la
fertilización in vitro, y ha sido utilizada en otros países latinoamericanos para restringir el acceso a distintos métodos de
anticoncepción, y establecer prohibiciones absolutas al aborto.
Las decisiones de la Corte Interamericana son inapelables, y sus estándares son vinculantes para los 22 países que han aceptado su competencia –
los derechos reproductivos de la mayoría de los y las latinoamericanas penden de un hilo.
Pese a ciertos avances, en los últimos años hemos visto también las consecuencias negativas de imponer restricciones comprensivas y severas
a los derechos reproductivos en países vecinos de Costa Rica. En el Salvador, la prohibición total del aborto ha convertido las salas de
maternidad en despachos policiales con agentes del orden patrullando los corredores “investigando” posibles terminaciones de embarazos. Mujeres que han
sufrido complicaciones de parto o han tenido abortos espontáneos son inmediatamente consideradas sospechosas de haber cometido un delito. A veces
algunas son encarceladas y condenadas a hasta 30 años de cárcel.
Varios estudios han demostrado que la prohibición legal del aborto no está asociada con bajas tasas de aborto – sino sólo con un aumento de
abortos ilegales y clandestinos. En el 2008, la tasa de abortos realizados en Latinoamérica era de 32 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva,
mientras que en Europa occidental, donde el aborto está permitido bajo amplias causales, la tasa es de 12 abortos por cada 1.000 mujeres.
Como abogada de derechos humanos especializada en derechos reproductivos, la decisión de Costa Rica de prohibir la fertilización in vitro me
conmocionó cuando la leí y empecé a trabajar paro denunciando esta injusticia hace una década. Resultaba inaudito que un país
reconocido por su estable democracia y respeto por las libertades civiles podía retroceder en el respeto de derechos humanos fundamentales.
Soy colombiana pero hoy día vivo en Estados Unidos, un país que todavía respeta mis derechos reproductivos, a pesar de que hay algunos
sectores tratando de limitarlos. Hace cinco años, mi esposo y yo necesitamos tratamientos de fertilidad para tener a nuestra hija mayor. Aun me
indigna pensar en las familias en Costa Rica y toda Latinoamérica donde el Estado puede prohibirles tener esa oportunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos opciones: dejar a los Estados interferir en decisiones íntimas que pertenecen a las vidas de las
mujeres y sus familias, o enviar un mensaje fuerte que el derecho de empezar una familia tiene que ser protegido por todos los Estados de la región,
pues los derechos reproductivos son derechos humanos fundamentales.
