Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la prohibición absoluta del aborto vigente en el país

• Fausia, una mujer indígena y defensora de derechos humanos fue víctima de violación sexual a modo de represalia por la defensa de su territorio y, como consecuencia, resultó embarazada.  
• Honduras violó sus derechos humanos al imponerle un embarazo y una maternidad forzada, debido a la prohibición total del aborto vigente en ese país. 
• Con este caso se busca garantías para que las mujeres hondureñas puedan acceder a servicios esenciales de salud, incluido el aborto.

Tegucigalpa, abril 10 de 2024. (Comunicado de prensa) – Por primera vez en la historia, Honduras es llevado ante la ONU por la prohibición absoluta del aborto. El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres presentaron el caso de Fausia  ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de pedir justicia en su nombre. Fausia es una mujer indígena y defensora de derechos humanos hondureña del Pueblo Nahua que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada producto de la prohibición total del aborto vigente en el país.  

Fausia fue violentada por dos hombres y violada sexualmente por uno de ellos como represalia por su trabajo en defensa del territorio. Producto de la agresión sexual, Fausia quedó embarazada, lo que le causó un grave sufrimiento físico y mental. En ese momento en Honduras la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que le habría evitado un embarazo, estaba prohibida.  

Ella no quería continuar con el embarazo. Cuando fue al hospital, en lugar de recibir atención integral, el personal médico la intimidó y amenazó con denunciarla si abortaba, porque en Honduras ese servicio de salud está totalmente prohibido. Como consecuencia, Fausia tuvo que asumir una maternidad forzada.  

Con este caso, las organizaciones que participan del litigio esperan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordene al Estado hondureño modificar el marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando se trata de una violación o cuando la vida y la salud de la mujer gestante está en riesgo. Esa prohibición fue reforzada con una reforma constitucional aprobada en el año 2021.  

“El caso de Fausia es un caso testigo de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se derivan de la penalización de un servicio esencial de salud. La penalización del aborto afecta a todas las personas que pueden necesitar un aborto y en particular a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las sobrevivientes de violencia sexual. Con el litigio buscamos justicia para Fausia y que hechos como los que ella enfrentó no se repitan. Los Estados deben garantizar la autonomía reproductiva de todas”, expresó Carmen Cecilia Martínez, Directora de Estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos. 

Las organizaciones demandantes establecen: para que la historia de Fausia no se repita es necesario que el Estado hondureño garantice el acceso al aborto en condiciones seguras, restituya derechos fundamentales violados con la reforma constitucional en relación al aborto y ponga fin fin a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, es esencial que el Estado brinde garantías de acceso a la PAE, en especial para las sobrevivientes de violencia sexual; que tome medidas para proteger el secreto profesional médico e implemente protocolos que eviten que los estereotipos de género afecten a las sobrevivientes de violencia sexual que buscan atención ante el sistema de salud o el judicial.  

“La penalización absoluta del aborto y su prohibición en la Constitución, no evita que ocurran abortos pero sí orilla a las mujeres a hacerlos en la clandestinidad y en condiciones inseguras; también hemos documentado casos de suicidios de mujeres que no encuentran otra salida frente a un embarazo no deseado; o como ocurrió con Fausia, un enorme daño psíquico y físico debido a una maternidad forzada”, manifestó Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres. 

En Honduras, según datos de la Secretaría de Salud (2022), cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones y a ser madres. La falta de acceso real a la PAE y la penalización del aborto afectan sus derechos a la vida, salud, integridad, igualdad y no discriminación y van en contra de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en sus guías para la atención del aborto publicadas en 2022 explícitamente recomendó la despenalización del aborto y su regulación desde la salud pública, pues se trata de un servicio de salud. 

De hecho, en los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes para ampliar el acceso, incluidos algunos de la región como México, Colombia y Argentina. En contraste, sólo cuatro países, incluido Honduras, han tenido retrocesos en sus leyes. 

Las organizaciones colitigantes insistieron en que la penalización del aborto es una medida discriminatoria pues solo impacta sobre las personas que tienen capacidad reproductiva y, además, reproducen estereotipos de género sobre las mujeres, entre ellos: la maternidad como una obligación, que deban ser terceras personas (su familia o pareja, jueces y hasta médicos) quienes decidan sobre sus cuerpos porque ellas serían, supuestamente, incapaces de hacerlo; o que están obligadas a continuar con un embarazo incluso cuando afecte su vida, salud e integridad.  

Las políticas regresivas de Honduras en materia sexual y reproductiva constituyen claras violaciones de los derechos fundamentales de mujeres y niñas, incluyendo su derecho a la vida, la salud, la privacidad, la autonomía e integridad corporal, así como a vivir una vida libre de discriminación, tortura, violencia y persecución. Además, sus efectos son devastadores, como lo prueba el caso de Fausia. Estas vulneraciones a derechos humanos hacen que se perpetúen ciclos de pobreza que no sólo afectan a estas mujeres sino a sus familias. 

Con este caso, que cuenta con el con el apoyo del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, el Bufete Justicia para los Pueblos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, demandamos que haya justicia para Fausia y que Honduras, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, modifique el marco legal que criminaliza totalmente el aborto para regularlo como lo que es, un derecho humano un servicio de salud esencial.

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Sobre el Comité de Derechos Humanos 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados Parte que lo han ratificado, entre ellos Honduras. El Comité emite dictámenes sobre casos presentados por personas u organizaciones que hayan sido víctimas de una violación de sus derechos humanos por parte de un Estado Parte del PIDCP. 

Sobre el Centro de Derechos Reproductivos

El Centro de Derechos Reproductivos es una organización global que trabaja para que los derechos reproductivos sean reconocidos y protegidos como derechos humanos fundamentales. Su programa de América Latina y el Caribe cubre 12 países, incluyendo Honduras. 

Sobre el Centro de Derechos de Mujeres

El CDM es una organización hondureña, feminista, que lucha por los derechos humanos de las mujeres.