Ecuador da un paso en la lucha contra la violencia sexual en las aulas, pero faltan más

Declaración, 14 de agosto de 2023 – Hoy conmemoramos el Día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas del año 2023 para recordar que Ecuador y los Estados de la región tienen el deber de proteger a todas las niñas y adolescentes para que no repitan la historia de Paola Guzmán Albarracín. Este día ocurre en medio de una dolorosa escalada de violencia que representa un serio riesgo para toda la sociedad ecuatoriana, pero que tiene graves efectos diferenciados y específicos para niños, niñas y adolescentes ya que estimula la deserción escolar. La erosión de las instituciones democráticas por cuenta de estos actos de violencia, por demás, tiende a afectar principalmente a este segmento de la población que crece en condiciones vulnerables y que requiere de la atención de un Estado con capacidad de garantizar todos sus derechos humanos para desarrollar su proyecto de vida hacia la adultez.   

En el marco de esta fecha, CEPAM-Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos desean reiterar la necesidad de continuar a un mayor ritmo con la implementación de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Paola en 2020. Exigimos que no haya más retrasos en el cumplimiento de los deberes internacionales del Estado ecuatoriano en esta materia, tales como: tener estadísticas permanentes y actualizadas sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo; lograr la detección y denuncia de casos de violencia sexual contra niñas y niños; llevar a cabo la capacitación de personal educativo para abordar y prevenir situaciones de violencia sexual; proveer orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual y/o a sus familiares; y tomar todas las medidas pertinentes para prevenir la violencia sexual fuera y dentro del ámbito educativo, las cuales deben incluir la provisión efectiva de Educación Integral en Sexualidad desde el currículo escolar.  

Luego de varios pedidos, las organizaciones colitigantes pudimos acceder a la participación en una Mesa Interinstitucional para cumplir con las medidas de reparación mediante la formulación de una política pública compuesta por cuatro ejes: prevención, atención, acceso a la justicia y reparación integral, y generación de información. 

De allí ha resultado una iniciativa del Ministerio de Educación como es la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS). Reconocemos en esta estrategia un progreso valioso en el eje de prevención de violencias sexuales en las aulas y esperamos que pueda implementarse en todo el país.  

Vale recordar que la Corte IDH estableció un plazo de ejecución de dicha sentencia equivalente a un año, lo cual quiere decir que en 2021 todas las medidas citadas debieron haber sido una realidad. Este evidente retraso nos preocupa de forma grave, pues significa que niñas y adolescentes en Ecuador siguen expuestas a al contexto estructural, que reconoció la Corte en 2020, en el cual se han normalizado las violencias sexuales en las instituciones educativas. 

Reiteramos nuestro llamado al Estado ecuatoriano para que apresure la puesta en marcha de todas las medidas ordenadas por la Corte IDH con el objetivo de evitar que se repita la historia de Paola. Aunque reconocemos los pasos hacia adelante que hemos dado en conjunto, todavía no son suficientes para proteger los derechos de las niñas y adolescentes en todo el país. 

Desde CEPAM-Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos refrendamos nuestro compromiso con la democracia y la defensa de los derechos. Como sociedad civil seguiremos haciendo veeduría y denunciando la falta de garantías para los derechos humanos, especialmente cuando afecte a poblaciones de mayor vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes. Esa deuda estructural e histórica en materia de derechos ha sido uno de los caminos una para debilitar el sistema democrático y llevarlo a niveles tan lamentables como la situación que se vive hoy Ecuador. Enviamos un mensaje de solidaridad a todas las personas que han sido objeto de violencias en el marco de la actual crisis de violencia extrema.

El caso Paola y su alcance a nivel regional: 

En su sentencia de 2020, la Corte IDH declaró responsable a Ecuador porque no le garantizó a Paola los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, educación, y a vivir libre de violencia de género y discriminación. Paola fue una niña acosada y abusada sexualmente por el vicerrector del plantel al que asistía, la Corte dio por probado que ella vivió una situación continuada de abuso y violencia que le generó un grave sufrimiento, lo que le llevó a intentar suicidarse. También consideró que se habían violado los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de su familia. Así, por primera vez en este tribunal se dejó claro que el derecho a la educación debe contemplar la educación sexual y reproductiva. 

Es importante reiterar que, en su sentencia del caso, la Corte IDH no solo contempló órdenes específicas para Ecuador, sino que también reconoció derechos que tienen como eje central la educación sexual integral que aplican en América Latina y el Caribe. El Centro y CEPAM-Guayaquil instamos a los Estados de esta parte del continente a implementar cuanto antes los estándares de derechos humanos contenidos en el fallo del caso de Paola para que nadie más tenga que repetir su historia.