Violaciones a los derechos reproductivos – Llamando las cosas por su nombre

Una mujer viviendo con VIH en Chile fue esterilizada sin su consentimiento, mientras se encontraba inconsciente durante un procedimiento de
cesárea.

Una mujer de Kenia, junto con su hijo recién nacido, es detenida durante semanas en condiciones miserables, por parte del personal médico. Su
crimen es la pobreza, no tiene dinero para pagar la factura del hospital.

En Perú, una joven vive en una condición física trágicamente deteriorada porque los médicos le dieron mayor valor a su
embarazo –resultado de una violación- que a su vida y su salud.

Esta clase de trato, y sus consecuencias, es desproporcionado y vulnera la dignidad de las mujeres. Por mucho tiempo, este tipo de actos no han sido
manejados con la gravedad que merecen. Pero el Centro de Derechos Reproductivos está liderando el movimiento para reivindicar el hecho de que
abusos tan atroces equivalen a nada menos que tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Y exigimos que se detenga hoy.

Organismos internacionales de derechos humanos han definido claramente la tortura. Consiste en infligir intencionalmente dolor o sufrimiento grave
–mental o físico- con el fin de obtener información, intimidar, castigar o discriminar. Y, alguien, o una entidad, actuando en el
ejercicio de funciones públicas, debe estar involucrado, haberlo incitado, o consentido a dicho trato.

El umbral para determinar tratos crueles, inhumanos o degradantes, a diferencia de la tortura, puede ser identificado más claramente. El trato
abusivo no tiene que ser intencional –la negligencia, con o sin un objetivo específico, es suficiente. Y un acto puede ser degradante
simplemente por la humillación que causa.

¿Por qué estas definiciones, estos estándares, son relevantes en la lucha para detener las violaciones a los derechos reproductivos?
Porque la tortura y el maltrato son condenados universalmente como delitos graves y violatorios del derecho internacional. Todos los países,
estén o no obligados por un tratado, se entienden como parte de un acuerdo universal sobre que la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante
están mal y son prohibidos.

Pero la percepción común sobre estos delitos es más limitada que su alcance real. La tortura y el maltrato no se limitan a las prisiones
y escenarios de guerra. El Centro de Derechos Reproductivos lanzó recientemente el video “Crueldad sancionada: Violaciones a los derechos
reproductivos como tortura” que identifica escenarios muchos más comunes en los que las mujeres son sujetas a maltrato y caprichos
discriminatorios por parte de funcionarios públicos, donde sufren severos dolores físicos y/o mentales simplemente por ser quienes son.
¿Estos lugares? Hospitales, clínicas, consultorios de médicos.

El Centro, junto con la Campaña para Detener la Tortura en los Establecimientos de Salud
(Campaign to Stop Torture in Health Care), documentó estas historias para ilustrar la severidad del daño infligido por ciertas violaciones a
los derechos reproductivos. Estas violaciones a derechos humanos fundamentales, debido a sus consecuencias trágicas, y a las circunstancias y
condiciones bajo las cuales son cometidas, definitivamente adquieren el nivel de tortura y maltrato.

Llamar a estas atrocidades por su nombre no ayudará a una niña a caminar otra vez, o a permitir que una mujer construya la familia con la que
sueña, o a restaurar la dignidad de una madre detenida injustamente, pero nuestros esfuerzos de llamar las cosas por su nombre muestran al mundo
la gravedad de esta clase de crímenes cometidos contra las mujeres. Y al igual que todas las formas de tortura y crueldad, estas violaciones no
pueden ser toleradas.