En 1997, Celia Ramos de 34 años y oriunda de Piura, acudió a un puesto de salud buscando atención médica. Desde ese momento, fue objeto de presiones y desinformación por parte de personal de salud, que incluso la visitó varias veces en su casa dándole información incompleta e imprecisa para forzarla a someterse a un procedimiento de ligadura de trompas, vulnerando su derecho al consentimiento libre, informado y previo. Celia murió 19 días después como consecuencia de esa ligadura de trompas. Fue una de las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas, ocurridas en un contexto de conflicto armado interno en el Perú.
El caso de Celia Ramos fue presentado por Demus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, y en 2021 en el Informe de Fondo se declaró la responsabilidad del Estado peruano por la violación de sus derechos y se le recomendó adoptar medidas de reparación y no repetición. Sin embargo, al no presentarse avances en el cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión envió el caso a la Corte IDH en junio de 2023. CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos se sumaron a la representación del caso ese mismo año.

Demus, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos, como organizaciones colitigantes, tienen como objetivo de este litigio que la Corte establezca la responsabilidad del Estado peruano por estos hechos, que sean considerados un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Agregaron que esperan que la sentencia de la Corte permita hacer justicia y garantizar reparación para miles de víctimas y sus familias, así como para las sobrevivientes que aún sufren las devastadoras consecuencias de estos procedimientos.