Organizaciones que luchan por los derechos reproductivos en Brasil expresan ante la CIDH su preocupación por los embarazos forzados de niñas y los graves efectos de las barreras para acceder al aborto

08.03.2023 (COMUNICADO DE PRENSA) Los Ángeles, EE.UU. – El aumento de 94% en la tasa de mortalidad materna en menos de tres años, de acuerdo con UNFPA, con el aborto inseguro como la principal causa directa de muerte materna, así como la persistencia de casos de niñas sobrevivientes de violencia sexual a quienes se les ha negado el servicio al aborto legal, llevaron a ocho organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos reproductivos a elevar una alerta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las escuchará en una audiencia pública el 8 de marzo a las 10:30 a.m. hora de Los Ángeles /3:30 p.m. hora de Río de Janeiro.  

En esta audiencia, el Centro de Derechos Reproductivos, Cladem Brasil, Criola, ANIS – Instituto de Bioética, Portal Catarinas, Frente Popular de Mujeres Contra el Feminicidio, Advocacia Popular Piauíense e Ipas, expondrán la preocupante situación de los derechos sexuales y reproductivos para las niñas y adolescentes del país.  

Aunque la ley permite el aborto en tres causales (riesgo para la vida de la gestante, anencefalia o violación sexual), en 2020, tras la pandemia de Covid-19 el número de hospitales que realmente ofrecieron procedimientos de aborto legal descendió de 175 a 42. De acuerdo con el Mapa de Aborto Legal de la organización Artículo 19, actualmente puede ser imposible acceder a un aborto en algunas partes del país, lo que trae graves efectos para la vida y salud de las mujeres y niñas, en especial para las sobrevivientes de violencia sexual, cuyos proyectos de vida se ven irremediablemente afectados por maternidades forzadas.  

El gobierno de Jair Bolsonaro, amparándose en las medidas de contención de la pandemia, promulgó una resolución que imponía barreras adicionales e innecesarias para que las sobrevivientes de violencia sexual accedieran a servicios de aborto legal. Igualmente, recortó en 17% los gastos del Ministerio de Salud en materia de anticonceptivos, lo que llevó a que se redujera en un 40% la oferta de esterilización y DIU en el Sistema Único de Salud (SUS).  

Hoy Brasil registra tasas alarmantes de embarazo en niñas entre 10 y 14 años. Según datos del Ministerio de Salud, recogidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cada año se registran más de 19.000 partos en niñas de dichas edades, con una alta prevalencia entre niñas indígenas o afrodescendientes. Estas cifras reflejan las distintas formas de violencia que sufren las niñas y adolescentes, lo que a su vez tiene graves consecuencias biológicas, psicológicas y sociales para todas ellas. Además de enfrentar embarazos y maternidades no deseadas en una edad temprana, estas niñas pueden experimentar interrupciones o deserción escolar, y enfrentar barreras para insertarse en el mundo laboral. Todo ello perpetúa el ciclo intergeneracional de pobreza, violencia y desigualdad que afecta a mujeres y niñas negras, en particular. 

Las barreras de acceso al aborto seguro también están causando graves efectos en los proyectos de vida y en la salud física y mental de las sobrevivientes de violencia sexual.  

Recientemente, “Menina P”, una niña de 11 años que se encontraba embarazada por segunda vez, producto de violación sexual, desistió de acceder al aborto por presiones de diferentes sectores y falta de información apropiada, a pesar de haber inicialmente expresado su voluntad de interrumpir su embarazo.  El caso llegó a instancias judiciales y pese a que la decisión del juez fue inicialmente favorable, ésta fue recurrida por la Defensoría Pública en nombre de los derechos del feto y apoyada por grupos anti derechos. La niña sigue embarazada y se encuentra bajo custodia estatal, junto con su primer hijo. El proceso penal contra su agresor no ha tenido mayores avances.  

Igualmente, en 2022 se registró el embarazo de otra niña de 11 años, en Santa Catarina, después de ser víctima de violencia sexual. Una vez pudo acceder al servicio de aborto, el entonces presidente del país manifestó su descontento y pidió investigar a profesionales vinculadas al caso, incluyendo periodistas y el equipo de salud del hospital público. 

Con esta audiencia, las organizaciones buscan visibilizar la preocupante situación de los derechos sexuales y reproductivos en Brasil, particularmente para niñas y adolescentes. Asimismo, las organizaciones llaman a la CIDH a ratificar su compromiso de acompañar al Estado brasileño a cumplir con sus obligaciones internacionales y a dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos de protección de derechos humanos, incluida la CIDH, en relación con la prevención de la violencia sexual, la protección de las niñas víctimas, y la garantía de su derecho a acceder a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto legal.