Organizaciones De Derechos Humanos Condenan A Perú Por Cerrar Investigaciones Penales Contra Esterilzaciones Fozadas Masivas

(COMUNICADO
DE PRENSA) Luego del anuncio reciente del gobierno Peruano de archivar
las investigaciones penales sobre esterilizaciones forzadas de cientos de miles
de mujeres y hombres en los noventa, cinco organizaciones de derechos humanos
se reunieron con funcionarios del gobierno y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para discutir la implementación del acuerdo amistoso de
un caso de esterilización forzada en Perú.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, cerca
de 350,000 mujeres y 25,000 hombres fueron esterilizados entre 1990 y el 2000
–bajo el argumento de una política de control poblacional para enfrentar la pobreza
en el país- implementada por el gobierno de Fujimori. Entre esas víctimas se
encontraba María Mamérita Mestanza, una mujer amenazada con la reclusión por
profesionales de la salud si no consentía a ser esterilizada. Debido a
complicaciones del procedimiento, su salud se deterioró y ella murió unos días
después.

Luego de que el caso de la Sra. Mestanza fuera llevado
ante la CIDH por organizaciones de derechos humanos –el Centro de Derechos
Reproductivos, el Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM), el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH) y DEMUS
–Perú aceptó llegar a un acuerdo amistoso en el 2003 donde se comprometió a investigar
y sancionar a los responsables por las esterilizaciones forzadas, así como reparar
al esposo y a los hijos de la señora Mestanza. Las cinco organizaciones
argumentaron que el archivo de las investigaciones penales viola el acuerdo
amistoso firmado.

Dijo
Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de
Derechos Reproductivos:

“El
gobierno Peruano terminó con el sueño de construir una familia para miles de
mujeres y es reprochable que más de una década después no se haya hecho justicia.

“La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe determinar que el Estado ha
incumplido su promesa de abordar estas graves violaciones de derechos humanos.”

En 1999, el Centro junto con DEMUS, CLADEM, APRODEH, y
CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez c. Perú ante la CIDH,
argumentando que la Sra. Mestanza era una de las miles de mujeres afectadas por
la política gubernamental masiva, obligatoria, y sistemática que usaba la
esterilización como un medio para disminuir rápidamente la tasa de fertilidad,
especialmente entre mujeres pobres, indígenas y rurales.

La CIDH aprobó un acuerdo amistoso en el caso de la
Señora Mestanza el 10 de octubre de 2003 (Informe No. 71/03). Bajo este acuerdo
el Estado se comprometió, entre otros ,a “realizar
exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra
toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor
intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate
de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.” El acuerdo
también estableció al Estado debe proveer a los hijos de la Sra. Mestanza
educación primaria y secundaria gratuita y seguro de salud gratuito para su
familia. El gobierno también falló en proveer educación secundaria a tres de
los hijos de la Sra. Mestanza y la familia se ha enfrentado a dificultades
financieras al acceder a servicios de salud.

En enero del 2014 el Estado Peruano archivó las investigaciones
alegando la falta de evidencia para apoyar los alegatos en virtud de los cuales
cientos de mujeres pobres e indígenas fueron esterilizadas contra su voluntad
–violando el acuerdo ante la CIDH y limitando el derecho a la justicia de miles
de mujeres. Los peticionarios en el caso de la Señora Mestanza han solicitado a
la CIDH que incluya el incumplimiento del acuerdo en su informe anual. ,