Comunicado de prensa

• Cuatro años de documentación científica y testimonios muestran cómo la exposición a agrotóxicos ha provocado abortos involuntarios, infertilidad y partos prematuros en Colombia, Argentina y Brasil. 

• América Latina es la región del mundo que más pesticidas consume. La mayoría de ellos están prohibidos en la Unión Europea.  

Colombia, Argentina y Brasil. 26 de noviembre de 2025 (Comunicado de prensa) – En América Latina, la región que más pesticidas consume en el mundo, miles de mujeres y niñas están viendo comprometida su salud reproductiva debido a la exposición cotidiana a agrotóxicos utilizados en la agroindustria y, en algunos casos, por políticas estatales de erradicación de cultivos declarados ilícitos. Así lo revela un nuevo estudio del Centro de Derechos Reproductivos que documenta, con evidencia científica y testimonios, el aumento de abortos involuntarios, partos prematuros, infertilidad, alteraciones endocrinas y daños transgeneracionales en comunidades rurales de Argentina, Brasil y Colombia. 

La investigación, titulada “Nos están envenenando: daños a la salud reproductiva causados por agrotóxicos en América Latina”, es resultado de cuatro años de documentación científica y testimonial. El estudio concluye que la exposición a estas sustancias interfiere en procesos hormonales esenciales y afecta desproporcionadamente a mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas. 

“Estamos ante una crisis silenciosa de salud reproductiva. Las mujeres y niñas rurales están en contacto frecuente con agua contaminada al realizar labores domésticas, trabajan en campos fumigados durante embarazos, y carecen de información sobre los riesgos a los que están expuestas. Cuando sufren abortos espontáneos o complicaciones, los sistemas de salud precarios las culpan de ‘nerviosismo’ o ‘falta de cuidado’, negándoles información y reparación. Este no es un daño colateral aceptable del desarrollo. La autonomía sobre el propio cuerpo no puede ser un lujo reservado para quienes viven en la ciudad, tiene que ser un derecho para cada mujer, en cada vereda y en cada rincón de este continente”, aseguró Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. 

Las cifras y la evidencia en tres países 

América Latina concentra el 51% del uso mundial de agrotóxicos, según la FAO. Solo en 2020, Brasil y Argentina aplicaron 377.176 y 241.294 toneladas respectivamente, a lo que se suman más de 70.000 toneladas en Colombia. La situación es crítica si se tiene en cuenta que el 95% de intoxicaciones anuales por agrotóxicos ocurren en países del Sur Global. 

En Colombia, el Estado usó glifosato entre 1992 y 2015 mediante aspersiones aéreas como parte de un programa de erradicación de cultivos declarados ilícitos. Y aunque esas aspersiones están suspendidas desde 2015 y la Corte Constitucional estableció requisitos estrictos al Gobierno nacional para reactivarlas, aún se usa glifosato para erradicación mediante otros métodos (5%) y para agricultura (95%).  Durante los 23 años de aspersiones aéreas en el país se registraron más de 1.852 quejas por muertes de niños, intoxicaciones y daños a la salud, asociadas a las fumigaciones. 

Las consecuencias de del uso de estas sustancias son devastadoras y visibles en regiones como el Bajo Cauca. El informe recopila los relatos de seis mujeres que experimentaron abortos involuntarios entre el 2000 y 2014 en el municipio de Tarazá, Antioquia, luego de las fumigaciones aéreas con glifosato. Una de las mujeres entrevistadas reportó haber tenido por primera vez complicaciones en su embarazo después de haber sido expuesta a glifosato, aunque sus once embarazos previos habían transcurrido con total normalidad.  

El estudio incluye el caso de Yaneth Valderrama, una mujer campesina de Solita, Caquetá, que perdió un embarazo, enfermó y posteriormente falleció tras ser expuesta directamente a una descarga aérea de glifosato en 1998. Su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es representado por el Centro de Derechos Reproductivos y Conde Abogados. 

En Argentina, la provincia de Santa Fe —epicentro del agronegocio de soja transgénica— ofrece una de las evidencias más contundentes del impacto de los agrotóxicos en la salud reproductiva: entre 1996 y 2018, los abortos involuntarios en el primer trimestre casi se quintuplicaron en las comunidades expuestas a fumigaciones.  

Las mujeres entrevistadas relataron pérdidas gestacionales recurrentes, partos prematuros y alteraciones menstruales, síntomas que con frecuencia fueron desestimados o desvinculados del uso de pesticidas por las autoridades sanitarias. El estudio también concluyó, a partir de información del Instituto de Salud Socioambiental, que las mujeres expuestas tienen un 75% más de probabilidad de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre, que aquellas que no lo están.  

Argentina utiliza 340 ingredientes activos en agrotóxicos, 120 de los cuales están prohibidos en la Unión Europea, y casi el 80% de los alimentos analizados presentan residuos de pesticidas o sustancias vetadas en Europa. A pesar de eso, no hay una ley federal que regule el uso de los agrotóxicos y en la mayoría de las provincias no hay limitaciones para el uso terrestre de estas sustancias, lo que genera altos riesgos para las poblaciones y ecosistemas cercanos.  

En Brasil se consumen más de 377.000 toneladas de pesticidas al año, de las cuales más del 30% están vetadas en la Unión Europea. Las consecuencias para la salud pública son devastadoras: las regiones más afectadas reportan tasas de hospitalización por abortos involuntarios que superan la media nacional, evidenciando el impacto directo de estos químicos en la salud reproductiva. 

En el informe se documentan casos alarmantes, incluyendo el de una mujer indígena en Dourados y Caarapó que murió 24 horas después de la exposición a plaguicidas, y el de una mujer quilombola en Salvaterra, Pará, que sufrió un aborto involuntario días después de estar expuesta a estas sustancias. 

La evidencia reunida conduce a una conclusión clara: no existe un uso seguro de estas sustancias. Incluso dosis bajas o residuos en alimentos comprometen procesos hormonales sensibles durante el embarazo y la fertilidad. Para evitar que la salud reproductiva de las mujeres y niñas siga en riesgo, el Centro de Derechos Reproductivos hizo un llamado urgente a los Estados para que tomen varias medidas decisivas. Estas incluyen mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en zonas rurales, prohibir progresivamente las sustancias más tóxicas, incluido el glifosato, y eliminar definitivamente la aspersión aérea.  

Además, los Estados deben aplicar el principio de precaución con enfoque interseccional para que, ante la sospecha de riesgo, se abstengan de autorizar su uso; mejorar la respuesta de los sistemas de salud rurales para responder a las intoxicaciones y proveer información sobre los riesgos; garantizar justicia y reparación integral a las víctimas mediante mecanismos que trasladen la carga probatoria hacia el Estado y las empresas; y asegurar transparencia real a través del acceso a información independiente y la participación efectiva de las comunidades en la investigación científica. 

###

Más información para periodistas: 

Vanesa Restrepo

[email protected]