• En promedio, cada día se registran siete nuevos casos de violencia sexual en el ámbito educativo.
• En la sentencia del caso Guzmán Albarracín, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó tomar medidas para frenar este problema estructural, incluyendo la implementación de educación integral en sexualidad.
• Las organizaciones que representan a la familia de Paola conjuntamente con su madre, hacen un llamado para evitar que esta historia se repita.

Guayaquil, agosto 14 de 2025. (COMUNICADO DE PRENSA) Cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado ecuatoriano en el emblemático caso de Paola Guzmán Albarracín, la violencia sexual en el ámbito educativo no solo persiste, sino que se ha agravado. Según datos recopilados por el Observatorio Paola Guzmán, entre enero de 2014 y abril de 2025 se registraron 28.955 casos de violencia sexual en el sistema educativo, que equivalen a siete casos por día. La mayoría de las víctimas eran adolescentes de entre 13 y 15 años.

La sentencia del caso Guzmán Albarracín, notificada el 14 de agosto de 2020, fue histórica: por primera vez, un tribunal internacional reconoció que la educación integral en sexualidad (EIS) es un componente esencial del derecho a la educación, y que es clave para que las niñas y adolescentes puedan identificar y actuar frente a la violencia. Además, ordenó tomar medidas para frenar este problema, al que calificó como estructural.

Hoy, aunque el Estado ha tomado algunas medidas, el problema persiste. Solo en 2024 se registraron 21.747 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo, y 252 casos de embarazo en niñas y adolescentes. Esa cifra es 14 veces mayor que la registrada entre 2021 y 2023, según datos reportados por el Ministerio de Educación y analizados por el observatorio que lleva el nombre de Paola y que monitorea el cumplimiento de la sentencia. 

Estos datos demuestran que la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS), que fue adoptada por el Ministerio de Educación desde hace dos años, ha sido insuficiente. Por eso CEPAM Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos, como organizaciones representantes del caso Guzmán Albarracín, hacen un llamado a las autoridades para que esta Estrategia reciba la financiación que necesita para ser implementada de forma sostenible en todo el territorio nacional.

“Lo que está ocurriendo en Ecuador no puede dejarnos indiferentes. Cuando niñas y adolescentes sufren violencia en las aulas, no solo se vulneran derechos, se compromete el futuro de toda la sociedad. La sentencia del caso Paola marcó un hito: por primera vez, una corte internacional afirmó que la Educación Sexual Integral es un derecho humano que salva vidas. Hoy el llamado es claro: el Estado tiene que tomar acciones reales y urgentes para implementarla, para que la historia de Paola no se repita nunca más”, manifestó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones colitigantes del caso. 

La respuesta institucional a esta problemática muestra que la impunidad identificada por la Corte IDH en 2020 persiste. De 338 procedimientos administrativos que el Ministerio de Educación emprendió por estos casos, solo el 57% culminaron con la destitución del funcionario involucrado. El 16,6% fueron archivados y en el 12,4% se ordenó únicamente la suspensión del agresor. Los datos corresponden al periodo comprendido entre julio de 2020 y octubre de 2023. 

El 93% de los casos de violencia sexual dentro del sistema educativo ocurrieron en establecimientos públicos, con 3.489 docentes y autoridades, y 270 miembros del personal administrativo y de limpieza. 

“Desde el CEPAM Guayaquil resaltamos que es urgente alcanzar una justicia transformadora que va más allá de la Sentencia, debe impactar estructuras que siguen afectando, los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes a las  que el Estado no les garantizó  ni les garantiza entornos libres de violencia sexual. Repensar la educación como un espacio libre de violencias solo será posible si se implementan políticas públicas sostenidas que erradiquen la impunidad y que brinden herramientas para prevenirla, como lo es la Educación Integral de la Sexualidad. En esta fecha reforzamos que la lucha por justicia para Paola sigue vigente, porque la plena implementación de las medidas de reparación integral, para que su caso no se repita, es aún un desafío”, dijo Lita Martínez Alvarado, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres – CEPAM Guayaquil. 

A este contexto se suma un creciente ambiente de violencia social y política que hacen que Ecuador se haya convertido en uno de los países más violentos de la región. Las provincias más golpeadas por el crimen organizado, como Guayas y Manabí, coinciden con las de mayor número de casos de violencia sexual, lo que sugiere que la violencia sexual que viven niñas y adolescentes en las escuelas podría estar vinculada a un sistema más amplio de violencia estructural, incluso relacionado con la criminalidad organizada.

Por eso a cinco años de la sentencia histórica, el Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM Guayaquil hicieron un llamado a honrar la memoria de Paola Guzmán Albarracín y exigir que el Estado ecuatoriano tome acciones reales y concretas para proteger a las niñas y adolescentes. La implementación efectiva de la educación integral en sexualidad no puede esperar más.

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Vanesa Restrepo

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