Más de 700,000 personas alrededor del mundo exigen al Congreso de Honduras rechazar una ley que podría criminalizar el uso de anticoncepción de emergencia

(COMUNICADO DE PRENSA) Más de 700,000 personas han firmado una petición demandando que el Congreso de
Honduras rechace el último intento por criminalizar el uso o venta de anticoncepción de emergencia. La legislación propuesta –que fue

recientemente avalada

por la Corte Suprema de Justicia hondureña- impondría penas iguales a las establecidas por el delito de aborto, que en Honduras está completamente
penalizado. Bajo esta nueva ley, incluso dar información acerca de la anticoncepción de emergencia sería considerado como una actividad criminal.

El Centro de Derechos Reproductivos, junto con el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras y Avaaz, sostendrá una
manifestación enfrente del Congreso para presentarle al Presidente de ésta asamblea legislativa, Juan Orlando Hernánez, la petición y las firmas recogidas.
El Congreso tiene planeado votar la ley en cuestión la próxima semana.

“Honduras está cerca de convertirse en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres,” dijo
Nancy Northup, presidenta y CEO del Centro de Derechos Reproductivos. “Pero todavía estamos a tiempo. El Estado de Honduras todavía tiene una oportunidad
de probar que respeta a las mujeres y su derecho a controlar su salud reproductiva, rechazando este intento por criminalizar el uso de anticoncepción de
emergencia”.

Honduras ha prohibido el uso y venta de la anticoncepción de emergencia desde 2009, bajo la posible amenaza de sanciones administrativas para quienes
violen dicha reglamentación. Sin embargo, si se aprueba, esta legislación impondría sanciones penales para cualquier profesional de la salud que distribuya
la anticoncepción de emergencia, y cualquier mujer que la use o intente usarla para prevenir un embarazo no deseado.

Esta legislación haría que el simple hecho de ser encontrado con una píldora de anticoncepción de emergencia pudiera ser considerado como una tentativa de
aborto. Actualmente, quien efectúe un aborto en Honduras puede ser sentenciado entre 3 y 10 años de prisión, y las mujeres que tienen abortos enfrentan
entre 3 y 6 años de prisión.

“Miles y miles de personas, mujeres y hombres, jóvenes, abuelos y abuelas alrededor del mundo han alzado sus voces en nombre de las mujeres de Honduras”
dijo Alejandra Cárdenas, Asesora Legal del programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, y vocera de la protesta del día de
hoy. “Las autoridades en Honduras saben que el mundo está observando y que hablaremos alto en contra de estos ataques a la salud reproductiva de las
mujeres. Este es sólo el primer paso”.

El Centro ha estado trabajando junto con organizaciones locales e internacionales de derechos de las mujeres en ésta lucha contra la anticoncepción de
emergencia desde que ésta ley fue aprobada por primera vez en abril de 2009. El entonces presidente José Manuel Zelaya, vetó dicha ley tras la presión que
se generó tanto a nivel nacional como internacional para que rechazara una propuesta que es abiertamente violatoria de los derechos humanos. Una vez la ley
fue vetada, pasó a revisión de la Corte Suprema de Justicia según mandato constitucional.

Sin embargo, siguiendo el golpe de Estado en junio de 2009, el gobierno de facto, a través de su Secretaría de Salud, profirió un Acuerdo Ministerial en
octubre de 2009 prohibiendo la anticoncepción de emergencia, a pesar de no haber recibido aún el concepto de la Corte Suprema sobre la ley vetada. Desde
entonces, el Centro y sus socios locales han desafiado ésta regulación, pero la administración se ha negado a proferir una decisión final. La Corte Suprema
finalmente se pronunció en febrero de 2012 a favor de la ley, permitiendo que la misma volviera al Congreso de la República, que ahora debe decidir si
vuelve a aprobarla.

Aunque existe un esfuerzo regional de parte de algunos sectores para restringir el acceso a la anticoncepción de emergencia en el mundo y específicamente
en Latinoamérica –incluyendo a Argentina, Chile, Ecuador y Perú- Honduras ha propuesto la restricción más dramática. Este tipo de restricciones al acceso a
la anticoncepción de emergencia han sido reconocidos ampliamente por distintos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como violaciones a
los derechos de la mujer a ejercer sus derechos fundamentales.

Estudios médicos alrededor del mundo han demostrado que la anticoncepción de emergencia es un método seguro y efectivo para prevenir un embarazo luego de
una relación sexual desprotegida o cuando la anticoncepción normal falla, y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la anticoncepción de
emergencia debe ser parte de la respuesta del Estado frente a víctimas de violencia sexual. A pesar de que existen algunos falsos reportes indicando que la
anticoncepción de emergencia es una píldora abortiva, ésta es simplemente una dosis más alta de la misma medicina que se encuentra en las pastillas
anticonceptivas regulares, y funciona del mismo modo que éstas: previniendo que los óvulos sean fertilizados.

El acceso a la anticoncepción de emergencia puede ser una herramienta crítica para prevenir embarazos no deseados –especialmente en países donde el acceso
a los métodos regulares de planificación tiene obstáculos. Casi la mitad de las
mujeres jóvenes sexualmente activas en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El salvador, han experimentado obstáculos al tratar de obtener uso regular de los
métodos modernos de planificación familiar- una estadística que es mucho más alta en las mujeres solteras que en las casadas, y especialmente más alta en
las mujeres adolescentes.

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El Centro de Derechos Reproductivos es una organización jurídica global dedicada a avanzar los derechos reproductivos de la mujer, la autodeterminación
y la dignidad como derechos humanos fundamentales.