Llamado para abordar la violencia sexual institucionalizada en las escuelas de América Latina

En la última década, miles de niñas y adolescentes latinoamericanas han asistido a la escuela esperando aprender y crecer en un ambiente
seguro y confiable. Por el contrario, estas niñas inocentes han sido víctimas de violencia sexual por parte de los profesores, autoridades
escolares y el personal encargado de su educación y cuidado.

El 24 de octubre de 2011, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Reproductivos
hizo un llamado de atención urgente hacia este fenómeno generalizado que afecta a las escuelas en América Latina.

El Centro, junto con ITAM, Funderes, y Women’s Link Worldwide, presentaron un informe que examina cómo se perpetúa el ciclo de violencia
sexual en las instituciones educativas. Aunque los datos disponible son escasos, existe suficiente evidencia para concluir que estos casos de abuso no
son aislados, sino que hacen parte de una aflicción institucionalizada por la cual todos los Estados son responsables.

El informe se centra en cuatro países latinoamericanos en los que la violencia sexual en las escuelas ha demostrado ser una práctica
arraigada: México, Bolivia, Ecuador y Colombia. Las estadísticas–y las historias detrás–son horribles:

-Entre 2002 y 2007, se presentaron 3.242 denunias de abuso sexual y físico sólo en el D.F., México, ante la Unidad para la Atención
al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI). En Colombia, se reportaron 337 incidentes de violencia sexual en las escuelas sólo en el año
2007.

-Paola del Rosario Guzmán Albarracín tenía 16 años cuando comenzó a sufrir acoso sexual incesante por parte del vicerrector de
su escuela en Ecuador. El abuso fue tan devastador que se suicidó. Tras descubrir que Paola había ingerido una sustancia venenosa llamada
fósforo blanco, las autoridads escolares no le proporcionaron atención médica inmediata, ni le avisaron a sus representantes legales-y
ella falleció siendo transladada a un hospital. El vicerrector fue acusado de acoso sexual, pero el juez lo declaró inocente argumentando que
fue Paola quién se acercó primero al vicerrector, pidiéndole una oportunidad para retomar un exámen para mejorar sus
calificaciones. El Centro ha estado luchando en nombre de Paola para que se haga justicia desde el año 2006, y está en negociones con el
Estado para llegar a un acuerdo.

-En Bolivia, el cuerpo de una niña de 10 años fue encontrado en la bodega de deportes de su escuela, cuatro días después de que
había desaparecido después de que su madre la dejó en la escuela una mañana. La niña había sido estragulada y había
signos evidentes de abuso sexual. Nueve años después, la policia todavía no ha acusado a nadie por este horrible delito.

Estos incidentes son emblemáticos de las injusticias que ocurren cada día en América Latina. Los factores estructurales que sustentan
estas prácticas todavía persisten. Existen pocos sistemas efectivos en los cuales la denuncia, investigación, juicio y reparación
se llevan a cabo de forma rápida y adecuada.

Apesar de las leyes que obligan a los Estados a actuar en el mejor interés de los niños, el sistema legal prioriza muy a menudo la
protección de los adultos involucrados en estos casos, y los estereotipos de género impactan negativamente la implementación necesaria
de las leyes que existen. La historia del adulto acusado por lo general prevalece sobre la versión de la víctima de la violencia sexual, lo
que revictimiza a las menores y causa daño irreparable a su salud mental y bienestar.

Los pocos casos de violencia sexual en instituciones educativas que llegan a los tribunales, tienden a estancarse en los sistemas de justicia del
Estado, lo que evita la compensación y rehabilitación adecuada para la víctima, y permite que los autores permanezcan libres de ser
procesados. Muchas veces, los directores de las instituciones expresan su tolerancia por estas acciones deplorables simplemente transfiriendo a los
profesores acusados a otras escuelas, y excepciones legales que permiten que las instituciones educativas investiguen y reporten por su propia cuenta
los incidentes, definitivamente contribuyen a una sistema ineficaz e injusto que perjudica a las niñas más de lo que las ayuda.

Paradójicamente, esta indiferencia y negligencia ocurren en lugares que deben fomentar el desarollo y bienestar de los niños, y que dependen
de relaciones profesor-estudiante basadas en la confianza y la intimidad. Este contacto personal tan cercano amplifica los riesgos de que un niño
o niña esté expuesto a violencia sexual institucionalizada, y hace menos probable que él o ella informe sobre tales incidentes.

El abuso sexual en instituciones educativas viola varias leyes internacionales, por varias razones incluidas violaciones a los derechos a la
educación, a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, acceso a la justicia, al nivel más alto de salud y bienestar, y a la no
discriminación.

La semana pasada, el Centro instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que priorice la responsabilización de los
Estados por el abuso sexual institucionalizado en las escuelas, así como la solicitud de información a los Estados que permita una
evaluación a fondo de éstos problemas. El Centro espera que las estadísticas alarmantes y las advertencias urgentes aumenten la
conciencia de los Estados y los lleve a responsabilizar a los perpetradores, poniendo fin al ciclo de abuso, para que las instituciones educativas
puedan convertirse en refugio seguro para el aprendizaje.