Crean el Observatorio Manuela, una herramienta esencial en la lucha contra la criminalización de emergencias obstétricas en El Salvador

• Esta iniciativa, de acceso libre, servirá para fiscalizar que el Estado salvadoreño cumpla con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
• Entre otros indicadores, el Observatorio monitoreará datos sobre nuevos casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas en El Salvador.
• El Observatorio es liderado por las organizaciones colitigantes del caso de Manuela, por el que el Estado salvadoreño fue condenado en 2021.

San Salvador, 5 de diciembre de 2024. (Comunicado de prensa) – El Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentaron hoy el Observatorio Manuela. Este mecanismo permitirá fiscalizar el cumplimiento de la histórica sentencia de 2021, con la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos humanos de Manuela, una mujer criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica. Manuela fue condenada a 30 años por homicidio agravado y murió en prisión. 

Pese a que la Corte ordenó una serie de medidas que incluyen reformas estructurales en el sistema de justicia y salud para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir, la implementación de la sentencia enfrenta serios desafíos, agravados por la vigencia del régimen de excepción, que obstaculiza la defensa de mujeres criminalizadas.

A la fecha, nueve mujeres en El Salvador están siendo criminalizadas tras enfrentar emergencias obstétricas, y dos de ellas están privadas arbitrariamente de su libertad, según la información recabada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. 

Las organizaciones que lideran el Observatorio Manuela explicaron que esta es una herramienta esencial para recopilar datos sobre el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte IDH, en particular de la criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas, incluidos nuevos casos, ante la ausencia de información oficial.

“Es alarmante que hoy en El Salvador todavía haya mujeres en prisión por enfrentar emergencias obstétricas. Es urgente que el Estado se comprometa a implementar las medidas ordenadas por la Corte IDH, lo que no solo significa poner fin a estas injustas persecuciones, sino también entregar información real y accesible sobre los avances en la regulación de la atención de emergencias obstétricas y la protección del secreto profesional médico”, aseguró Carmen Cecilia Martínez, Directora Asociada de Estrategias Legales en el Centro de Derechos Reproductivos. 

Sobre el cumplimiento de la sentencia

El fallo de la Corte IDH estableció que el Estado salvadoreño tiene la obligación de adoptar un protocolo de actuación para la atención de mujeres en casos de emergencias obstétricas, así como de regular el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica. 

Las organizaciones que lideran el Observatorio reconocieron los esfuerzos del Ministerio de Salud en la creación del Protocolo para el abordaje de emergencias obstétricas y los Lineamientos para el cumplimiento del secreto profesional médico, pero fueron enfáticas en señalar que aún existen fallas en su implementación, socialización y medición de resultados. Eso implica que hoy el personal de salud y médico no está incorporando adecuadamente los protocolos a la práctica, lo que lleva a que continúen denunciando a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.

Además, las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas continúan siendo interrogadas por el personal médico, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando se encuentran detenidas en los hospitales o en bartolinas, siendo esposadas a las camillas, tal como le sucedió a Manuela. A muchas de ellas, además, se les impide que sean visitadas en el hospital y se reserva su expediente judicial, impidiendo una adecuada defensa y violando así las garantías del debido proceso.

“El Estado salvadoreño, representado por su gobierno, tiene la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, debe garantizar que ninguna mujer que enfrente una emergencia obstétrica sea interrogada o tratada como una criminal, práctica que lamentablemente sigue ocurriendo. Es crucial que el Estado informe y capacite a los profesionales de salud, así como al personal policial y judicial, para que comprendan que estas acciones están prohibidas y deben erradicarse de inmediato” dijo Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Respecto a la obligación de implementar capacitaciones al personal operador de justicia, las organizaciones que representaron a la familia de Manuela y que lideran el Observatorio criticaron que el Estado no haya informado aún si éstas son obligatorias para quienes intervienen en casos de mujeres criminalizadas. 

En cuanto a la implementación de un programa de educación sexual integral, ordenado por la Corte, las organizaciones denunciaron que no solo El Salvador está incumpliendo con esta obligación, sino que además está tomando medidas regresivas, como la prohibición de recursos didácticos esenciales y la sanción del personal educativo que brinde información sobre este tema. 

Además, las organizaciones lamentaron la falta de iniciativas estatales para asegurar las reformas legales ordenadas por el tribunal internacional.

Por estas razones, subrayan que el Observatorio Manuela busca involucrar a toda la sociedad en un proceso transformador y de compromiso con el monitoreo de la implementación de la sentencia, asegurando que el Estado cumpla con las garantías de no repetición y que cada mujer pueda vivir libre de persecuciones injustas.

Sobre la sentencia

En 2021, el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, lograron que la Corte IDH declarara responsable al Estado de El Salvador por la vulneración a los derechos de Manuela, como consecuencia de la restrictiva normativa que prohíbe el aborto en todos los casos.

Los detalles del caso de Manuela están disponibles en este video de uso libre con atribución.

¡Manuela es justicia y esperanza!