La propuesta del partido conservador de modificar la Constitución colombiana no protege la vida, no evita abortos ni defiende la familia
Diferentes organizaciones sociales* que trabajan en derechos humanos y derechos de las mujeres indican que, de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, tendría más costos que beneficios y graves consecuencias para la sociedad colombiana.
Bogotá, Colombia – La propuesta de acto legislativo presentada por el Partido Conservador, que busca reformar la Constitución Política de Colombia para declarar que la vida es inviolable “y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural”, no protege la vida, ni evita abortos, ni defiende la familia, aseguran diferentes organizaciones sociales colombianas.
NO protege la vida. La vida, de hecho, ya está protegida a través del artículo 11 de la Constitución que establece que “el derecho a la vida es inviolable” y de la jurisprudencia constitucional que ha establecido que la vida del que está por nacer es un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado Colombiano.
NO evita abortos. Una prohibición absoluta del aborto no los evita. Por el contrario, hace que éstos se realicen en condiciones precarias de clandestinidad. Además, una consecuencia de la protección absoluta de la vida “desde la fecundación” podría ser la prohibición de los métodos anticonceptivos que dificultan la implantación de óvulos fecundados, como el DIU. Al remover un método anticonceptivo del mercado, las tasas de nacimientos no planeados – actualmente 52%, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2010- podrían aumentar y con ellos las de aborto clandestino.
NO defiende la familia. La mortalidad materna derivada de la prohibición absoluta del aborto deja niños/as huérfanos y familias sin madre. Así mismo, a las parejas que no pueden tener hijos y buscan ayuda a través de la fertilización in vitro se les estaría negando el derecho a formar una familia, tal como sucede actualmente en Costa Rica, en donde por cuenta de la protección a la vida “desde la fecundación”, se prohibió la reproducción asistida en el año 2.000.
Una verdadera preocupación por el bienestar de los no nacidos sería garantizar la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que deciden tener hijos, niveles nutricionales adecuados para ellas y servicios de salud materna que aseguren el bienestar de la mujer y, por consiguiente, el de su hijo/a por nacer.
Los costos de la reforma
Una propuesta como la del Partido Conservador tendría consecuencias negativas para la sociedad colombianaen particular para las mujeres en edad reproductiva, así como para otras personas que tendrían que privarse del progreso científico, al no poder acceder a tratamientos con células madre, por ejemplo. El Estado colombiano también tendría que asumir costos elevados en materia fiscal y el resquebrajamiento de su imagen internacional por cuenta de la ruptura de sus compromisos internacionales.
Para las mujeres, porque son ellas quienes pagan con su vida y dejan huérfanos a sus hijos por no poder acceder a un aborto legal para proteger su integridad, quienes ante un embarazo de feto anencefálico, tienen que convertirse en el féretro de su propio hijo, o quienes ante una violación tendrían que convertirse en máquinas de reproducción para mantener un embarazo producido en contra de su voluntad.
Del progreso científico tendrían que privarse las parejas que no pueden tener hijos y desean un tratamiento de fertilización in Vitro, como se mencionó anteriormente. Así mismo, las personas con discapacidades o enfermedades graves que podrían curarse con células madre, tendrían que renunciar a su esperanza de vida porque una reforma tal implicaría la prohibición de este tipo de investigación.
Entre tanto, el Estado tendría que asumir los costos de la prohibición de métodos anticonceptivos como el DIU, lo que probablemente implicaría más embarazos no deseados, más abortos y mayores costos de atención por el problema de salud pública al que se enfrenta.
El Estado también podría verse abocado a asumir los costos diplomáticos de una condena internacional como la que recibió Perú, por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por someter a una menor de edad, con un embarazo de un feto anencefálico (sin parte de cerebro y cráneo), a tratos crueles, inhumanos y degradantes al negarle un aborto legal. También podría enfrentar costos financieros, como en el caso de Polonia que este año fue condenada a pagarle 60 mil euros a una mujer a la que se le obstaculizó el acceso a un aborto legal.
* Las organizaciones sociales y personas que suscriben esta posición son: Católicas por el Derecho a Decidir, DeJusticia, Women’s Link Worldwide, Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia Diversa, Fundación Mujer y Futuro, Fundación Sí Mujer, Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, regional Medellín, y Germán Humberto Rincón Perfetti.
