Gobierno de Ecuador no asiste a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia sexual en las escuelas

La
CIDHun organismo internacional principal de protección y promoción
de derechos humanos en las Américas y que hace parte de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), llevó a cabo la audiencia
pública sobre el caso de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, una
adolescente que fue abusada sexualmente por el Vice-Rector de una
escuela pública. Posteriormente, Paola se suicidó en el año 2002 al
descubrir que se encontraba embarazada. Pese a los hechos,
representantes del gobierno ecuatoriano no estuvieron presentes en la
audiencia.

Petita
Albarracin, la madre de Paola, testificó ante la Comisión junto con
representantes del Centro de Derechos Reproductivos, el Centro
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) y Ximena
Cortes Castillo, perita independiente en psicología.

Catalina
Martinez, Directora Regional Encargada para el Programa de América
Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos afirmó:

“La
única preocupación de las adolescentes durante la escuela deben ser sus
estudios, no el miedo de ser agredidas sexualmente por sus profesores o
los directores de la institución”.



“El dolor
y el sufrimiento que Paola y su madre han soportado es devastador. La
Comisión Interamericana debe hacer responsable al Estado Ecuatoriano por
no tomar medidas en el caso de Paola, ni en los otros casos que existen
de adolescentes sobrevivientes de abuso sexual”.

Pese
a que el Estado ecuatoriano no asistió a la audiencia, en todo caso, la
Comisión se pronunciará , sobre el fondo del caso una vez analice el
testimonio presentado por Petita, la señora Cortés Castillo, y los
abogados y abogadas del Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM. La
respuesta de la Comisión en este caso será crucial, pues determinará la
responsabilidad del gobierno ecuatoriano sobre los hechos, y las medidas
que el Estado deberá tomar para remediar el daño generado a Paola y su
familia, así como las medidas necesarias para prevenir la violencia
sexual en las escuelas.



Cuando Paola del Rosario Guzmán Albarracín tenía 16 años, solicitó ayuda
académica del Vice-Rector, quien a cambio de su ayuda escolar, le pidió
a cambio tener una cita con él. Esto marcó el inicio de más de un año
en el que el Vice-Rector de la institución acosó sexualmente a Paola y
abusó de ella en reiteradas ocasiones. A finales de noviembre de 2002,
Paola descubrió que estaba embarazada, y después de que ella le contara
sobre su estado de salud al Vice-Rector, éste la presionó para que se
practicara un aborto ilegal con la ayuda del médico de la escuela, quien
también condicionó su ayuda a cambio de favores sexuales.



Sin saber a quién más recurrir, el 12 de diciembre 2002 Paola ingirió de
manera intencional fósforo blanco en su camino a la escuela. Cuando sus
compañeras de la escuela descubrieron lo que había sucedido, éstas la
llevaron a la enfermería de la escuela, donde los mismos funcionarios de
la escuela que abusaron y acosaron sexualmente de Paola, ​​se negaron a
prestar la ayuda médica urgente que necesitaba, e incluso se negaron a
notificar el estado de salud de Paola a sus padres. Las compañeras de
Paola finalmente contactaron a su madre, Petita, quien inmediatamente
llevó a Paola a un hospital. Pese a que Petita logró llevar a Paola al
hospital, para ese momento ya era demasiado tarde, lo que generó que
Paola muriera poco tiempo después del incidente.



La familia de Paola denunció al Vice-Rector de la escuela por cargos de
acoso sexual, violación, e inducción al suicidio, con la intención que
se llevara a cabo algún tipo de acción disciplinaria y civil contra él.
El Estado ecuatoriano no produjo resultados en ninguna de las acciones
legales que fueron iniciadas, y en el 2008, después de casi seis años
desde los hechos, el tribunal penal desestimó su caso, dejando los
crímenes del caso impune. A la fecha, tanto el Vice-Rector, como el
doctor escuela que estaba a cargo de la prestación de servicios de salud
en aquel entonces y los demás responsables, se encuentran libres e
impunes ante la ley.

“Todo lo que quiero es justicia, justicia para mi Paola”, afirmó Petita Albarracín, madre de Paola.



El Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM Guayaquil presentaron el caso de Paola Guzmán Albarracín v. Ecuador
ante la CIDH en septiembre del 2006. En este caso, las organizaciones
solicitaron a la Comisión que declare la responsabilidad del Estado
ecuatoriano por el incumplimiento de su deber estatal de enfrentar la
situación de violencia sexual en las escuelas, y que diariamente afectan
a niñas y adolescentes en el país. Asimismo, las organizaciones
solicitaron facilitar el acceso a la justicia para los sobrevivientes de
abusos sexuales en el país.



La violencia sexual constituye una forma de discriminación y una
violación a los derechos humanos. Una de cada tres mujeres en el mundo
es víctima de violencia sexual. En Ecuador, 905 casos relacionados con
delitos sexuales en las escuelas se registraron entre ,el 2013 y 2014.
En el 2014 únicamente, 961 niñas menores de 14 años denunciaron haber
sido víctimas de abusos sexuales.



A pesar de la situación generalizada de abuso sexual en las
instituciones educativas en Ecuador, y el sub-registro de la situación,
la mayoría de los responsables nunca son castigados. En el 2013, menos
del 6% de los delitos sexuales reportados fueron investigados en el
país. En esta audiencia, no solo el caso de Paola fue abordado, sino
también la serie de obstáculos estructurales que han permitido que la
violencia sexual en las instituciones educativas se repita.



“Seguiremos
defendido los derechos humanos de las mujeres, de modo que un día
llegaremos a vivir en una sociedad donde no exista violencia contra las
mujeres, adolescentes y niñas”, dijo Lita Martínez, coordinador institucional de CEPAM Guayaquil. “Los
estereotipos que han permitido que la violencia sexual exista en las
escuelas sin impunidad, debe parar. Necesitamos que la Comisión
Interamericana realice un llamado al gobierno ecuatoriano para castigar a
los responsables y se protejan a las víctimas sobrevivientes de estos
abusos sexuales” afirmó.