La firma de la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo es un primer paso en la implementación del caso Guzmán Albarracín 

• Al estar planteada hasta 2030, es imprescindible que el Estado le asigne un presupuesto suficiente para su sostenibilidad 

• Entre 2018 y 2022 se registraron más de 28 mil denuncias de violencia sexual en el ámbito educativo en las que están implicados docentes, directivos y conserjes. 

• Sólo mediante su evaluación periódica se podrá determinar si la política está transformando este problema estructural 

Guayaquil, Ecuador. 27 de agosto de 2024 (Pronunciamiento) – Esta semana, tras cuatro años de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Paola Guzmán Albarracín, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 368 mediante el cual se lanza la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo 2024-2030. 

Paola Guzmán fue víctima de violación sexual por parte del vicerrector del centro educativo en el que estudiaba y no recibió protección en su colegio. El Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil llevaron su caso ante la Corte IDH que, en su sentencia de junio de 2020, condenó al Estado ecuatoriano por la violación de derechos humanos que sufrió Paola. La Corte IDH también identificó un alarmante contexto de violencia, acoso y abusos sexuales en las instituciones educativas de Ecuador, y señaló que estas conductas son normalizadas ante la falta de medidas preventivas adecuadas, incluyendo la falta de Educación Integral en Sexualidad (EIS). 

Por eso, la Corte IDH le ordenó al Estado ecuatoriano adoptar medidas para tratar y erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo, incluyendo la formulación de políticas públicas en las puedan participar niñas, niños y adolescentes. Como respuesta, en agosto de 2020 el Estado creó una Mesa Interinstitucional, liderada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos (hoy Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos). Allí, se planteó la creación de una Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. 

Tras diversas solicitudes, las representantes de Paola y su familia fueron admitidas a participar en esta Mesa un año y medio después de su creación. El Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil presentaron observaciones buscando que dicha iniciativa cumpliera a cabalidad con lo ordenado por la Corte Interamericana. Consideramos que uno de los aportes clave fue pedir la inclusión de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en todo el currículo escolar. Tal pedido se hizo en paralelo con las consultas que el Estado realizó con niños, niñas y adolescentes en el país. Si bien es cierto que la política sancionada por el presidente Noboa contempla la EIS como un medio para prevenir la violencia sexual, nos preocupa que este componente no se implemente de manera efectiva como ha pasado con la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexual (ENEIS) que emitió el año pasado el Ministerio de Educación.  

Además, en su momento, las representantes hicieron hincapié en la  necesidad de definir detalladamente aspectos como actividades, indicadores para monitoreo y evaluación, así como el presupuesto suficiente para la sostenibilidad de esta Política, así como la necesidad de fortalecer el eje de acceso a la justicia y reparación, ya que no se abordaron la falta de capacidad del sistema de justicia, las barreras de acceso, ni las acciones para mejorar la coordinación del sector justicia en la emisión de medidas de protección. Sin embargo, y tras algunas revisiones adicionales, el Estado dio por cerrado el proceso de ajuste.  

“Esperamos que el Estado mantenga su compromiso de priorizar las medidas para atender la violencia sexual en el ámbito educativo, tal y como sostiene el Decreto. Para ello es crucial que se implemente la Educación Sexual Integral como parte del currículo escolar y se asigne un presupuesto suficiente para que la implementación de la política sea sostenible hasta el 2030, en todo el territorio nacional. Además, al ser una política multisectorial, se requiere la voluntad política de todas las instituciones involucradas para lograr su ejecución” aseguró Carmen Cecilia Martínez, Directora Asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos. 

Los datos demuestran la urgencia de este llamado. De acuerdo con el Registro de Información de Casos de Violencia Sexual (REDEVIC), entre 2018 y septiembre de 2022, en Ecuador se recibieron más de 28 mil denuncias de delitos sexuales en el ámbito educativo, que involucran a personal docente, directivos, conductores de transporte escolar y conserjes. Las tres provincias con mayores denuncias fueron Guayas (4.017 casos), Pichincha (5.038) y Manabí (1.041). 

“Para que el impacto de la Política sea efectivo, debe reducir significativamente la violencia sexual en el ámbito educativo, asegurando un proceso de prevención que esté marcado por un empoderamiento a las niñas y adolescentes para que sean capaces de identificar, impugnar normas y estereotipos de género perjudiciales. Además, debe dar espacio a reformas judiciales que permitan que cuando un caso de violencia sexual ocurra, sea judicializado oportunamente y no quede en la impunidad; la firma de la Política pública es apenas un primer paso, su implementación e impacto de la misma es un reto mayor”, agregó Lita Martínez, Directora Ejecutiva del CEPAM Guayaquil.  

El Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil sostienen que la emisión de esta política pública constituye apenas un primer paso en la implementación de la garantía de no repetición ordenada por la Corte IDH. Sólo a través de una evaluación periódica de su implementación se podría determinar si realmente tiene un impacto transformador respecto al contexto estructural que identificó la Corte en su sentencia y que persiste hasta la fecha. 

Estas organizaciones reiteran su interés de mantenerse como parte de la Mesa Interinstitucional, que según el Decreto la liderará ahora el Ministerio de Educación, para participar en el monitoreo y evaluación de la política pública. Asimismo, hacen un llamado al Estado para que en este proceso se tomen en consideración las voces de los movimientos juveniles, algo que hasta ahora no ha ocurrido.