Expertas de la ONU condenan reforma constitucional que negaría el derecho al aborto seguro en Honduras

Luego de una alerta enviada por el Centro de Derechos de Mujeres, Somos Muchas, el Centro de Derechos Reproductivos y el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, varios mecanismos especiales de la ONU como el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra Mujeres y Niñas, y las Relatoras sobre el Derecho a la Salud y sobre la Violencia contra la Mujer condenaron el proyecto de reforma constitucional que busca bloquear cualquier progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras.

La peligrosa modificación, presentada por un diputado del oficialista Partido Nacional, pretende incorporar la prohibición absoluta, frente a cualquier circunstancia, del servicio de aborto en el artículo 67 de la Constitución hondureña lo que representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. Las expertas de la ONU han considerado que bloquear de esa manera la posibilidad de permitir el aborto en Honduras va en contra del derecho a la vida y la salud. Las expertas han insistido en que las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos clandestinos riesgosos y, por demás, no son eficaces para reducir ese tipo de procedimientos.

En la comunicación que enviamos a los referidos mecanismos especiales de la ONU explicamos que Honduras es uno de los Estados más restrictivos en el mundo para acceder a servicios de salud reproductiva, castiga con cárcel el aborto en cualquier circunstancia y también prohíbe la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), incluso para víctimas de violencia sexual.

En Honduras no se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo ni siquiera en las circunstancias mínimas en las que se debe garantizar como cuando hay riesgo para la vida o a la salud de la mujer, el embarazo es producto de violación o incesto, o éste es incompatible con la vida extrauterina.

Las expertas reconocieron la precariedad de los servicios integrales de salud sexual y reproductiva en Honduras y señalaron que la reforma constitucional “bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras, un país donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años”.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres y niñas visitó Honduras en 2019 y recibió información por parte de la sociedad civil que señala que el número de abortos en condiciones de riesgo podría estar entre los 51.000 y lo 82.000 por año.

Al respecto del peligroso proyecto de reforma constitucional las expertas señalaron que es alarmante y que “en lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”. Agregaron que “la penalización del aborto y la obligación de las y los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”.

Honduras incumple sus obligaciones internacionales al impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio de salud que es esencial y así ha sido establecido tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como por el derecho internacional de los derechos humanos los cuales han señalado que los Estados pueden establecer medidas para regular la interrupción voluntaria del embarazo pero sin que constituyan violación de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. Por lo tanto, han recomendado a los Estados reformar o derogar las leyes que penalizan el aborto, incluso considerando que la denegación o postergación de este servicio de salud constituye una forma de violencia de género que puede alcanzar el grado de tortura.

Por tales motivos Centro de Derechos de Mujeres, Somos Muchas, el Centro de Derechos Reproductivos y el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos rechazamos esta peligrosa reforma constitucional pues va en contravía de los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño y constituye una amenaza reforzada y directa a los derechos humanos de las mujeres y niñas. Exigimos al Estado hondureño que cumpla con sus obligaciones y con las reiteradas recomendaciones que le han hecho los órganos internacionales de derechos humanos para que reforme su ley y permita el aborto legal y seguro para proteger la salud y la vida de miles de mujeres y niñas, especialmente de aquellas que viven en condiciones vulnerables en zonas rurales.

Carta de alerta: bit.ly/CartaHonduras

Pronunciamiento de los mecanismos especiales de Naciones Unidas: http://bit.ly/ACNUDHh

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