El Salvador es responsable por la violación de los derechos humanos de Beatriz

La falta de certeza jurídica, protocolos claros y la penalización absoluta del aborto impidieron que Beatriz accediera a la interrupción voluntaria del embarazo que había solicitado y que era el tratamiento indicado por sus médicos.

20 de diciembre de 2024 (Declaración) – Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado salvadoreño por la violación de los derechos humanos de Beatriz, una mujer joven que en 2013 padecía lupus y enfrentó un embarazo de alto riesgo, en el que se diagnosticó que el feto presentaba anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina. Beatriz solicitó la interrupción voluntaria del embarazo, que era el procedimiento recomendado por los médicos para proteger su vida y su salud, pero ante la penalización absoluta del aborto vigente en El Salvador, el Estado le negó el procedimiento. 

La Corte IDH señaló que la falta certeza, seguridad jurídica y de protocolos claros de actuación en casos como este fue la causa de la vulneración de los derechos a la salud, la integridad personal, la vida privada y el acceso a recursos judiciales efectivos de Beatriz. Por eso le ordenó al Estado tomar las acciones para brindar seguridad jurídica al personal de salud, para que tengan herramientas para proceder en casos en los que está en riesgo la vida o salud de las mujeres. Además, la Corte señaló que el Estado de El Salvador incumplió con la obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia obstétrica. 

“La sentencia del caso Beatriz constituye esperanza y una victoria para su familia y el movimiento feminista salvadoreño, que durante años le ha hecho saber al mundo las terribles consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Los casos de Beatriz y Manuela son testigo de los impactos de la criminalización de servicios esenciales de salud reproductiva. A partir de esta sentencia, El Salvador debe garantizar procedimientos de salud disponibles, accesibles, aceptables y de calidad para que exista seguridad jurídica y que ninguna otra mujer tenga que esperar para que su decisión sea tomada en cuenta. Seguiremos luchando para que los estándares interamericanos dialoguen con los más altos estándares científicos y, como lo señala el juez Sierra Porto en su voto parcialmente disidente, la Corte IDH pueda seguir avanzando en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”, aseguró Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. 

La criminalización del aborto en El Salvador ha tenido consecuencias devastadoras: por lo menos 181 mujeres fueron criminalizadas entre 2000 y 2019 por emergencias obstétricas o abortos. Y aunque el Estado ya fue condenado por esos hechos en la sentencia del caso Manuela (2021), hoy 9 mujeres siguen judicializadas por esa razón y 2 de ellas están injustamente privadas de su libertad, según datos del Observatorio Manuela. Muchas otras mujeres se han visto forzadas a practicarse procedimientos en condiciones inseguras o que han dejado complicaciones para su salud.

El Centro de Derechos Reproductivos participó con un amicus curiae en el caso de Beatriz, en el que recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó  garantizar el acceso al aborto y eliminar su regulación a través de leyes penales. Como lo señaló la OMS, la prohibición no hace que los abortos disminuyan, sino que empuja a las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar a buscar el procedimiento en condiciones inseguras, que ponen en riesgo su salud y su vida.

Desde el Centro de Derechos Reproductivos acompañaremos al movimiento feminista salvadoreño en esta lucha para que la sentencia de Beatriz se cumpla con el mayor alcance posible. Ninguna otra mujer, ni en El Salvador ni en ninguna otra parte del mundo, debe enfrentar las violaciones de derechos humanos que vivió Beatriz, por cuenta del marco legal interno y la no disponibilidad de un servicio esencial de salud como el aborto.

¡Los derechos reproductivos son derechos humanos!