El caso de Celia Ramos tuvo audiencia en la Corte IDH, una esperanza de justicia para miles de mujeres esterilizadas sin consentimiento en Perú

• El caso de Celia Ramos vs Perú marca un precedente histórico: es el primero sobre esterilización forzada en Perú en ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• En la audiencia ante la Corte, se le solicitó declarar responsable al Estado peruano por crímenes de lesa humanidad y múltiples violaciones de derechos humanos. También se exigieron ordenar medidas de reparación integral, justicia y garantías de no repetición.
• Además, se abordó el riesgo que implica para DEMUS, la aprobación de la ley APCI, que le podría impedir continuar representando a las víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Guatemala, 23 de mayo de 2025. — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública en el caso de Celia Ramos Vs. Perú, el primer caso de esterilización forzada de Perú que llega ante este Tribunal. Este proceso representa un hito histórico y una oportunidad clave para que la Corte reconozca esta práctica como un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia reproductiva.

Celia Ramos, una mujer de Piura en situación de pobreza, fue sometida a una esterilización sin su consentimiento en julio de 1997 producto del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), impulsado, ejecutado y supervisado por el gobierno de Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud entre 1996 y 2001. A pesar de haberse negado reiteradamente, Celia fue presionada por personal de salud y finalmente intervenida quirúrgicamente sin un consentimiento pleno, libre, previo e informado. Sufrió un paro respiratorio por la medicina suministrada durante la operación, le provocaron un coma y falleció 19 días después, sin recibir la atención médica necesaria.

Durante la audiencia, su hija Marisela Monzón Ramos expresó el profundo impacto de su pérdida y las expectativas que tiene con este proceso: “Mis hermanas y mi familia esperamos que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”.

El caso de Celia no es un hecho aislado, sino que corresponde al patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos bajo el PNSRPF que afectó a miles de mujeres, la mayoría de ellas en situación de pobreza, rurales e indígenas. Al respecto la perita Kimberly Theidon, señaló que en el marco del PNSRPF “se impusieron estereotipos de género, legados coloniales, la discriminación etnica y normas machistas que consideraban que mujeres pobres, rurales, analfabetas e indígenas no tenían el derecho de tomar decisiones sobre su fertilidad, ni ejercer autonomía sobre sus cuerpos”. 

Según cifras del Ministerio de Salud de Perú, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 270.000 ligaduras de trompas, la mayoría sin garantías efectivas del derecho al consentimiento libre e informado, la salud y la vida. A la fecha, casi 7 mil mujeres han sido incorporadas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, (REVIESFO) y continúan esperando por justicia y reparaciones integrales. A ello se suman  18 víctimas mortales documentadas por la Defensoría del Pueblo vinculadas a estas prácticas, lo que subraya la gravedad de las consecuencias sufridas por las víctimas.

En el 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Celia y recomendó medidas de reparación integral. Sin embargo, y ante la falta de avances sustantivos, el caso fue remitido a la Corte IDH en 2023.

Desde las organizaciones que acompañamos a las víctimas, Maria Ysabel Cedano abogada de DEMUS destacó “La Corte tiene la oportunidad histórica de hacer justicia estableciendo la responsabilidad del Estado peruano por este crimen de lesa humanidad, reparar integralmente con y para las víctimas y adoptar garantías de no repetición para que nunca más se vulnere el derecho al consentimiento libre e informado sin discriminación alguna”. 

En igual sentido, Catalina Martínez Coral, Vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, aseguró “el caso de Celia representa una grave violación a los derechos humanos cometida en el marco del programa estatal de planificación familiar. Este caso es clave para que la violencia reproductiva sea reconocida como una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad”.

Durante la audiencia pública ante la Corte, el Estado peruano adoptó una posición negacionista, frente a las graves violaciones cometidas en el marco del PNSRPF. Negó que se cometieron esterilizaciones forzadas de manera sistemática y cuestionó la existencia de una afectación a los derechos humanos de miles de mujeres. Además, desconoció los riesgos que enfrenta la organización DEMUS, que representa a la familia de Celia en este litigio, ante la reciente reforma de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Ley APCI). Frente a ello, Gisela de León, directora legal de CEJIL, resaltó “esta norma atenta contra el derecho a defender derechos humanos de quienes, como DEMUS, ejercen esta defensa a través del uso de recursos judiciales y administrativos a nivel nacional e internacional”. 

Al finalizar la audiencia, las organizaciones peticionarias solicitaron a la Corte que declare al Estado peruano responsable por la comisión de crímenes de lesa humanidad y por la violación de múltiples derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud, a la autonomía reproductiva, a la igualdad ante la ley, y a las garantías y protección judicial de Celia Ramos y su familia.

También pidieron que el Estado investigue de forma exhaustiva, pronta y seria los hechos que llevaron a la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos, y que sancione a todas las personas responsables, incluyendo altos funcionarios del gobierno de la época. Solicitaron además la implementación de reparaciones integrales para la familia de Celia y la política de reparaciones integrales transformadora para todas las víctimas de esterilizaciones forzadas, y garantías efectivas de no repetición.