Guatemala tiene una oportunidad histórica para demostrar su compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas
Ciudad de Guatemala, 26 de julio de 2024 – (Comunicado de prensa). Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su visita “in loco” a Guatemala para observar la situación de derechos humanos, en especial “la de grupos en situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género”. Una semana antes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había hecho lo propio para verificar, entre otras cosas, la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y las niñas. El Centro de Derechos Reproductivos, Equality Now y otras organizaciones de sociedad civil contribuyeron y participaron en las visitas, buscando que estos organismos de supervisión de derechos humanos fortalezcan sus llamados a la protección y promoción de los derechos de las niñas y adolescentes.
Guatemala sigue siendo uno de los países con la legislación más restrictiva para acceder al aborto. Este servicio de salud está prohibido en todos los casos, con la única excepción del riesgo para la vida de las personas gestantes. Se estima que cada 46 minutos una niña es víctima de violencia sexual y, en promedio, cada día cinco de ellas quedan embarazadas como resultado de esa violencia, lo que tiene al país ad-portas de una crisis de derechos sexuales y reproductivos.
A esto se suma una deuda histórica que el país tiene en materia de educación sexual integral (ESI), reconocida por los organismos internacionales como una herramienta para prevenir y hacer frente a problemáticas como la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes. Apenas 10% de los y las adolescentes utiliza algún método anticonceptivo y más de la mitad (56.47%) no ha recibido información sobre cómo prevenir un embarazo. Cabe anotar que es obligación de los Estados brindar ESI para que las infancias puedan detectar casos de violencia sexual, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador”
“Las mujeres y niñas de Guatemala tienen derecho a vivir libres de violencia, a tomar decisiones sobre sus cuerpos y a acceder a servicios de salud de calidad. Es urgente que el Estado guatemalteco cumpla con sus obligaciones internacionales y de seguimiento a las recomendaciones de los organismos que supervisan los derechos humanos en el país. Las políticas actuales no sólo fallan en proteger a las sobrevivientes de violencia sexual, sino que también limitan severamente su acceso a servicios de salud esenciales”, aseguró Fernanda Vanegas, Directora Asociada de Incidencia y Relaciones Externas, del Centro de Derechos Reproductivos.
En este contexto, las leyes que la penalizan la violencia sexual requieren ajustes, pues incorporan viejos paradigmas como el uso de la fuerza, lo que en la práctica significa que el delito solo se reconoce cuando hay pruebas de intimidación y violencia. Hoy los estándares internacionales establecen que la fuerza no constituye un elemento necesario para juzgar los casos de violación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dejó claro que la judicialización de estos casos debe centrarse en el consentimiento, que deberá ser explícito y no inferido, y que se considera viciado cuando hay relaciones de poder, como lo señaló en la sentencia del caso “Brisa de Angulo vs. Bolivia”.
“Es urgente que el Estado guatemalteco proteja a las mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia sexual. En la actualidad, las cifras por estos delitos son alarmantes. El delito de violación está condicionado a la existencia de pruebas sobre violencia física o psicológica en el cuerpo de las víctimas, en lugar del estándar internacional del consentimiento, lo que aumenta los obstáculos para el acceso a la justicia de las sobrevivientes. Es necesario que el Estado guatemalteco incorpore el consentimiento en cualquier reforma sobre los delitos sexuales, protegiendo especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, afro descendientes o con discapacidades”, afirmó Ana Elena Obando, Asesora Legal de Equality Now.
Entre las medidas más urgentes que debe tomar el Estado guatemalteco para cumplir con sus compromisos internacionales, están la implementación de programas de educación sexual integral, así como protocolos para atender a las víctimas de violencia sexual en los que se les brinde atención integral para evitar embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual.
Además, debe garantizar el acceso al aborto legal, no solo para las sobrevivientes de violación sino para todas las personas que lo requieran, tal y como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto implica que elimine el delito de aborto del código penal y en cambio promueva una regulación a través del sistema de salud.
También es urgente que el Estado guatemalteco acate las recomendaciones que le han hecho distintos organismos de supervisión de derechos humanos para que las sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a una justicia libre de estereotipos de género y regida por el estándar internacional del consentimiento. Las organizaciones que acompañamos las visitas del Alto Comisionado y de la CIDH le pedimos al Estado guatemalteco que cumpla con sus obligaciones internacionales para proteger a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual. Guatemala tiene la histórica oportunidad de demostrar su compromiso en materia de derechos humanos, acatando las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
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