Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió evidencia de las violaciones a derechos humanos en América Latina por el uso de glifosato y otros pesticidas
• La exposición a agrotóxicos causa devastadores efectos en la salud reproductiva, especialmente en mujeres y niñas de comunidades indígenas, negras y quilombolas.
• El 51% de los agrotóxicos usados en el mundo se aplican en esta región.
• La mayoría de esas sustancias están prohibidas en la Unión Europea por sus efectos nocivos.
11.08.2023 (COMUNICADO DE PRENSA) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó hoy los testimonios de médicas y abogadas de América Latina que mostraron los graves impactos que el uso indiscriminado de glifosato y otros pesticidas en la agricultura causa en la salud de las personas, especialmente niñas y mujeres, en América Latina. La situación es alarmante, porque el 51% de los agrotóxicos usados en el mundo se aplican en esta región, según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en 2020.
Durante la audiencia se conoció evidencia científica concluyente que muestra que la exposición al glifosato y otros pesticidas causa graves impactos en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva, incluyendo trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia, aumento de hospitalizaciones post parto por infecciones en mujeres, malformaciones congénitas, infecciones y hasta aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos.
En Brasil, el 30% de los agrotóxicos que se usan están prohibidos por la Unión Europea y se estima que 15.549 personas fueron intoxicadas por agrotóxicos entre 2019 y 2022. Por lo menos 439 de ellas murieron.
En Argentina, un estudio demostró que las mujeres expuestas a agrotóxicos tienen 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación. Hoy en ese país se usan 340 ingredientes para la formulación de plaguicidas y 120 de no están aprobados por la Unión Europea.
En Colombia un estudio concluyó que existe una “clara consistencia a favor de los efectos nocivos del glifosato en la salud reproductiva”, como impactos en la fertilidad, abortos espontáneos, efectos perinatales y efectos transgeneracionales. Ese herbicida, que es el más usado en la región, fue el que el Estado colombiano usó para aspersiones aéreas, en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG). En los 23 años que duró el programa (1992 a 2015) se presentaron más de 1.852 reportes de muertes de niños y niñas, intoxicaciones en personas, daños a cultivos alimenticios, destrucción de praderas naturales, enfermedades y muertes de animales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Yaneth Valderrama, una mujer que perdió su embarazo, enfermó y murió, luego de que la policía colombiana hiciera una aspersión de glifosato sobre su casa, en una vereda del departamento de Caquetá. Su caso, litigado por el Centro de Derechos Reproductivos y Conde Abogados, tiene informe de admisibilidad ante la CIDH desde 2018 y está a la espera de que la Comisión se pronuncie condenando al Estado colombiano.
“La falta de control sobre el uso indiscriminado de los agrotóxicos ha llevado a que los Estados incumplan sus obligaciones de protección y garantía de derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, en un momento histórico, la Comisión tiene la oportunidad de hacer un llamado imperativo que impida que tragedias como la de Yaneth Valderrama se repitan en toda la región”, dijo Cristina Rosero, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos.
Hoy en América Latina, las regulaciones y controles de las autoridades no son suficientes para prevenir la exposición de personas a estas sustancias, en especial las comunidades rurales y racializadas que padecen graves daños en su salud y vida, así como afectaciones en los ecosistemas que habitan.
Por otro lado, los problemas de acceso a la justicia para las víctimas son evidentes. En Colombia, por ejemplo, de las 17.643 quejas que se presentaron contra el PECIG, 96.5% fueron rechazadas o archivadas. Las demandantes se enfrentaron a barreras como la exigencia de pruebas técnicas costosas y difíciles de obtener, como exámenes toxicológicos especializados.
Asimismo, en Argentina la comunidad de Ituzaingó, que está expuesta a los agroquímicos usados en la producción de soya, ha denunciado el aumento en abortos involuntarios, así como nacimientos prematuros y de niños y niñas con discapacidades físicas, producto de la exposición a los pesticidas.
En Brasil hay 30 casos colectivos y emblemáticos de comunidades indígenas, negras o quilombolas que tuvieron que desplazarse porque las zonas en la que vivían fueron sometidas a pulverizaciones aéreas sistemáticas de agrotóxicos que afectaron la salud de familias enteras, incluyendo niños, niñas y bebés. Numerosos de los líderes que denunciaron este abuso de privados y la falta de control efectivo del Estado han sido asesinados.
En esta audiencia ante la CIDH, la primera que se hace para analizar específicamente los impactos de los agrotóxicos en la salud reproductiva, profesionales en medicina y derechos humanos manifestaron que para superar esta crisis de salud y derechos humanos, es necesario que los Estados de América Latina prohíban el uso de glifosato, detengan la pulverización aérea de este o cualquier otro herbicida, mejoren las condiciones de acceso a servicios de salud reproductiva, especialmente en zonas rurales, y que brinden mayores garantías para que las personas afectadas por exposición a estas sustancias tóxicas puedan acceder a justicia y reparación.
De esta manera se podrá garantizar la protección de derechos humanos contemplados en la Convención Americana, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, la capacidad reproductiva, a fundar una familia, a las garantías judiciales, a la salud y a un medio ambiente sano y a no ser discriminados.
Más información: Centro de Derechos Reproductivos
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