Centro de Derechos Reproductivos advierte impunidad por indulto en la investigación y condena de miles de esterilizaciones forzosas en Perú
El pasado 24 de diciembre, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó los beneficios presidenciales de indulto y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori Fujimori respecto de todas las condenas y procesos penales en su contra en curso hasta la fecha.
El otorgamiento del beneficio de derecho de gracia impedirá que uno de los máximos responsables de la supervisión y ejecución de las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres peruanas sea judicializado y condenado.
En el año 2003, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional por la esterilización de la señora María Mamérita Mestanza Chávez y se comprometió a realizar una exhaustiva investigación penal contra los responsables de las violaciones de derechos humanos bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar, una política pública que recurriendo a incentivos indebidos y amenazas – conllevó la esterilización forzada de las mujeres indígenas, campesinas y en situación de pobreza en el Perú.
Catalina Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe en el Centro, mencionó:
“Esta medida tomada por el presidente Kuczynski, perpetúa la situación de injusticia e impunidad alrededor de los casos de esterilizaciones forzosas de las que fueron víctimas miles de mujeres peruanas”.
“El Estado peruano vulnera una vez más el derecho a la justicia de las víctimas e incumple su obligación internacional de investigar, sancionar y juzgar graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
“Al conceder estos beneficios al expresidente Fujimori, el Estado peruano incumple los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez. Especialmente los de individualizar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzosas”.
En 1998, María Mamérita Mestanza, mujer campesina en la población de La Encañada, murió por complicaciones relacionadas con el procedimiento de ligadura de trompas que nunca consintió, durante la implementación del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori, cerca de 350.000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada durante el período 1990-2000.
La justificación que se dio para llevar a cabo estos procedimientos fue la lucha contra la pobreza. Sin embargo, estos casos, incluyendo el de María Mamérita Mestanza, demuestran que existió una política pública para controlar la reproducción de las mujeres indígenas y en situación de pobreza.
De esta manera el Estado peruano faltó a su obligación de sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer, contenida en la Convención Belém do Pará, también vulneró los derechos a la vida, la integridad personal e igualdad de María Mamérita Mestanza Chávez, todos ellos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también su autonomía reproductiva al negarle la posibilidad de decidir sobre el número de hijos que deseaba tener.
Desde la ocurrencia de estos hechos, organizaciones representantes han intentado reestablecer los derechos de las víctimas y de la familia de María Mamérita Mestanza, a través de las denuncias penales actualmente en trámite ante la Tercera Fiscalía Superior de Lima y la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lima, y mediante los sistemas de peticiones de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el año 2000, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), presentaron una petición por las violaciones cometidas contra la señora María Mamérita Mestanza, lo que culminó en el reconocimiento de responsabilidad del Estado y su compromiso de brindar reparaciones mediante un acuerdo de solución amistosa. A pesar de estas acciones, más de una década después, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación integral.
El Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones representantes del caso ante la CIDH, trabaja promoviendo el cumplimiento de los compromisos internacionales acordados en la solución amistosa frente a la Comisión Interamericana. A pesar de algunos avances en materia de indemnizaciones individuales y modificaciones legislativas, el Estado Peruano tiene una obligación internacional de justicia y una deuda histórica con la familia de María Mamérita Mestanza Chávez y con las miles de mujeres afectadas por el uso perverso de políticas públicas de planificación familiar establecidas por Alberto Fujimori.
