La educación integral de la sexualidad: asignatura pendiente en Ecuador, cuatro años después de la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín 

• Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado ecuatoriano tomar medidas para erradicar la violencia sexual en los entornos educativos, la problemática persiste.  

• Entre 2018 y 2022 se registraron más de 28 mil denuncias de violencia sexual en las que están implicados docentes, plantas directivas y conserjes. 

• Para evitar que casos como el de Paola se repitan, el Estado debe implementar educación integral de la sexualidad en el currículo escolar. 

Guayaquil, Ecuador. 14 de agosto de 2024 (Comunicado de prensa) – Cuatro años después de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Albarracín, Ecuador sigue sin garantizar una educación integral de la sexualidad (EIS) en sus escuelas. Este caso marcó un hito porque, por primera vez, el alto tribunal internacional reconoció que la EIS es un componente fundamental del derecho a la educación. La Corte enfatizó en la necesidad de que niñas, niños y adolescentes comprendan las implicaciones de las relaciones afectivas y sexuales, especialmente en relación con el consentimiento y los derechos sexuales y reproductivos. 

Paola Guzmán fue víctima de violación sexual por parte del vicerrector del centro educativo en el que estudiaba y no recibió protección en su colegio. El Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil llevaron su caso ante la Corte IDH y en su sentencia de junio de 2020, condenó al Estado ecuatoriano por la violación de derechos humanos que sufrió Paola. La Corte IDH también identificó un alarmante contexto de violencia, acoso y abusos sexuales en las instituciones educativas de Ecuador, y señaló que estas conductas son normalizadas ante la falta de medidas preventivas adecuadas, incluyendo la falta de EIS.  

La Corte IDH le ordenó al Estado ecuatoriano adoptar medidas para tratar y erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo, incluyendo la formulación de políticas públicas en las puedan participar niñas, niños y adolescentes. Como respuesta, en agosto de 2020 el Estado creó una Mesa Interinstitucional, liderada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos (hoy Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos). Allí, se planteó la creación de una política nacional para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo.  

Las representantes de Paola y su familia fueron admitidas a participar en esta Mesa hasta un año y medio después de su creación. El Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil presentaron observaciones buscando que dicha política nacional pudiera contemplar la implementación de la educación sexual integral a lo largo de todo el territorio nacional, así como las acciones e indicadores que permitan su monitoreo y evaluación. Además, hicieron hincapié en la necesidad de que se asigne presupuesto suficiente para que su ejecución sea sostenible en el tiempo. Hasta la fecha, una política en estos términos no ha sido aprobada. 

Asimismo, las representantes manifestaron que, si bien valoran los esfuerzos del Ministerio de Educación en la aprobación de la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad (ENEIS) en agosto de 2023, las representantes de Paola y su familia observan con preocupación que Ecuador está lejos de implementar efectivamente esa estrategia a nivel nacional.  

“Es urgente que el Estado ecuatoriano identifique y tome todas las medidas para erradicar la violencia sexual en las aulas. Entre ellas, que pueda implementar en todos los centros educativos del país la Estrategia sobre Educación Sexual Integral que fue emitida el año pasado por parte del Ministerio de Educación. La educación sexual integral es un derecho y la piedra angular para asegurar la autonomía y proyectos de vida de las niñas, niños y adolescentes”, aseguró Carmen Cecilia Martínez, Directora Asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos. 

Los datos demuestran la urgencia de este llamado. De acuerdo con el Registro de Información de Casos de Violencia Sexual (REDEVIC), entre 2018 y septiembre de 2022, en Ecuador se recibieron más de 28 mil denuncias de delitos sexuales en el ámbito educativo, que involucran a personal docente, directivos, conductores de transporte escolar y conserjes. Las tres provincias con mayores denuncias fueron Guayas (4.017 casos), Pichincha (5.038) y Manabí (1.041). 

“La estructura institucional del Estado ecuatoriano aún no ha entendido la urgencia de atender de manera inmediata casos de violencia sexual, especialmente desde los sectores educativo y judicial. veintidós años después, en lugar de enfocarse en la protección, erradicación y justicia, el Estado sigue perpetuando la violencia masculina en sus instituciones, reflejado en la ausencia de políticas públicas claras y sostenibles.””, agregó Lita Martínez Directora Ejecutiva del CEPAM Guayaquil.  

El Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil sostienen que la formulación de una política pública para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo es necesaria. Su eventual emisión sería un primer paso para buscar implementar la garantía de no repetición ordenada por la Corte IDH, y solo a través de una evaluación periódica de su implementación se podría determinar si realmente tiene un impacto transformador.  

Estas organizaciones también manifestaron a la Corte IDH su interés de mantenerse como parte de la Mesa Interinstitucional. Además, solicitaron que se mantenga abierto el proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia hasta que los informes de evaluación den cuenta de cambios transformadores y sustanciales en el contexto de violencia sexual en el ámbito educativo y la cultura de impunidad que lo rodea.  

El 14 de agosto, día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas: adolescentes y jóvenes piden que su voz sea escuchada 

En la sentencia del caso Paola, la Corte IDH pidió que niñas, niños y adolescentes sean parte activa de la formulación e implementación de políticas públicas para erradicar la violencia sexual en ámbitos educativos, algo que hasta ahora no ha ocurrido en el proceso de formulación de la política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo.  

Por ello, jóvenes y adolescentes el 14 de agosto de 2024 a las 3:00 p.m., jóvenes y adolescentes de la Red de Organizaciones juveniles de Guayaquil, se tomarán la plaza Paola Guzmán (ex Parque de La Merced) para conversar sobre esta problemática y cómo los afecta. Y, en la mañana del 15 de agosto comparecerán ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional en Quito, para exigir la implementación de la EIS. Estas conversaciones tienen lugar en el marco del Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Esta fecha se estableció en memoria de Paola Guzmán Albarracín.  

Durante todo el día, ellas y ellos también se tomarán las redes sociales del Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil, para transmitir sus llamados a todo el mundo, generar consciencia respecto a la necesidad de tener una política pública para hacer frente a esta problemática, y pedir que su voz también sea incluida en esa política.  

“Queremos estudiar tranquilas, nadie debería pasar por lo que Paola vivió. La educación sexual integral no es un lujo, es un derecho humano fundamental que puede salvar vidas”, dijeron.