Asilo para Mujer Salvadoreña Injustamente Encarcelada Después de Tener un Aborto Espontáneo
(COMUNICADO DE PRENSA) Esta semana, la Dirección General de Migraciones de
Suecia concedió asilo a María Teresa, una mujer salvadoreña encarcelada injustamente tras
un aborto involuntario, y que fue absuelta y liberada en mayo de 2016.
La Dirección
de Migraciones permitió que María Teresa y su hijo vivan en Suecia, además de
concederles la posibilidad de viajar fuera del país y darle a ella un permiso
de trabajo. María Teresa y su hijo recibieron asilo de Suecia debido a la
persecución que vivió en El Salvador por el hecho de ser mujer y por su
participación como promotora de la reforma del derecho al aborto a través de la
campaña “Las 17”.
Durante
casi dos décadas, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las
circunstancias -incluso cuando es necesario para salvar la vida de una mujer-
imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud.
La prohibición ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que
han sufrido abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el embarazo,
quienes luego son acusadas de tener un aborto y condenadas injustamente por
homicidio.
Catalina
Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro,
mencionó:
“María Teresa sobrevivió a una gran injusticia,
pero eso no paró el miedo y la intimidación que ella y su hijo sentían en El
Salvador.
“Las mujeres como ella deben tener acceso a los
servicios de salud que necesitan sin temor a ser encarceladas.
“Estamos agradecidas con la Dirección de
Migraciones de Suecia por otorgar a María Teresa y su hijo asilo, y una
oportunidad para que vivan en paz”.
En
noviembre del 2011, sin darse cuenta de que estaba embarazada, María Teresa empezó
trabajo de parto prematuro con un fuerte sangrado, lo que la llevó a abortar
naturalmente en un baño público. Su familia llamó a los servicios de
emergencia, y en el hospital la policía fue llamada bajo la sospecha de que
ella indujo un aborto.
A pesar de
las inconsistencias y la falta de evidencia que probara que María Teresa
intentó poner fin al embarazo, el 5 de junio del 2012 fue acusada de cometer
homicidio agravado y condenada a 40 años de prisión. Si su condena no hubiera
sido revocada, María Teresa habría estado en prisión hasta el año 2052, mientras
que su abuela cuidaba a su hijo. Su prosecución fue ampliamente condenada,
incluso por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El
Salvador, debido a las violaciones fundamentales a los derechos humanos que
ocurrieron durante su juicio.
La condena
de María Teresa fue anulada el 20 de mayo del 2016 y fue liberada el mismo día,
basado en nuevos hallazgos que salieron a la luz como resultado del análisis
científico realizado sobre la evidencia inicial usada para condenarla. El 20 de
junio, los fiscales presentaron una apelación alegando que los avances
científicos no constituían nuevos hechos y que el juez cometió un error liberando
a María Teresa. En octubre del 2016, la Cámara Tercera de lo Penal de San
Salvador rechazó el recurso y ratificó su liberación.
El Centro
de Derechos Reproductivos presentó un escrito de Amicus Curiae a la Dirección General de Migraciones de Suecia,
apoyando la solicitud de asilo de María Teresa. El Centro también envió dos
escritos de Amicus durante el proceso
de apelación en su juicio en El Salvador, uno en defensa de la libertad de
María Teresa, y el otro demostrando que los avances científicos son aceptados
como nuevos hallazgos en la mayoría de las jurisdicciones.
En
diciembre del 2014, una coalición de ONGs liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro, lanzó la campaña “Las17” la cual pedía la liberación de “Guadalupe”
y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, fueron
acusadas de cometer abortos ilegales y fueron luego condenadas por homicidio.
“Mirna”, una de “Las 17”, fue liberada en diciembre del
2014, después de cumplir su condena de prisión antes de que su perdón pudiera
ser finalizado. En febrero del 2015, Guadalupe fue liberada con éxito y
perdonada, después de cumplir siete años de prisión. En mayo del 2016, María Teresa fue liberada después de que un juez dictaminara que hubo
violaciones al debido proceso en su caso. Y en febrero del 2017 Sonia Tábora obtuvo su libertad permanente. Las mujeres restantes
están actualmente cumpliendo condenas de 30 a 40 años por crímenes que nunca
cometieron.
El Centro
de Derechos Reproductivos ha trabajado para exponer las consecuencias que la
prohibición general del aborto en El Salvador tiene sobre la vida de las
mujeres. El Centro, junto con la Agrupación Ciudadana, presentó un caso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -el principal órgano de derechos
humanos para el continente- en diciembre del 2015 en nombre de nueve mujeres
que tuvieron serias complicaciones en el embarazo y ahora están en prisión
debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. El Centro y la Agrupación
Ciudadana escribieron el informe Excluidas, Perseguidas y Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta
del Aborto en El Salvador que documenta las consecuencias en los derechos humanos de la
prohibición del aborto. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial
y penitenciario de El Salvador, no garantizan los derechos humanos de las
mujeres.