Alerta por situación de salud integral de las mujeres en El Salvador

• El régimen de excepción, prorrogado ya 26 veces, aumenta el riesgo de criminalización de las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas. 
• Las mujeres privadas de la libertad, en especial las gestantes o en posparto, no reciben la atención médica que requieren. 
• Esta situación deja al Estado en riesgo de incumplir sus obligaciones internacionales, en especial las ordenadas por la Corte Interamericana en la sentencia de Manuela.

San Salvador, mayo 28 de 2024. (Comunicado de prensa) –   En el Día Internacional de Acción Global por la Salud de las Mujeres, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el Centro de Derechos Reproductivos, con el apoyo de la Sombrilla Centroamericana emitieron una alerta por la preocupante situación de salud integral que enfrentan las mujeres en El Salvador, la cual se ha deteriorado a partir de la declaración del estado de excepción. Las organizaciones señalaron que la situación de acceso a salud reproductiva se ha vuelto aún más crítica para las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y están en riesgo de ser criminalizadas, así como para otras que viven en situaciones de vulnerabilidad y requieren de servicios de salud  reproductiva.  A esto se suman las barreras en el acceso a servicios de salud, tales como escasez de profesionales especializados en ginecología y obstetricia, falta de condiciones y elementos para la higiene personal y poca atención en servicios de salud mental.

Esta situación pone de manifiesto que El Salvador está incumpliendo sus obligaciones internacionales, en particular las reparaciones ordenadas en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia con la que se condenó al Estado por violar los derechos de Manuela, una mujer que fue condenada injustamente tras sufrir una emergencia obstétrica y que murió en prisión sin recibir la atención médica que requería.  

Con la sentencia de Manuela, la Corte IDH estableció estándares para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, principalmente aquellas que enfrentan criminalización por emergencias obstétricas. Además, se le ordenó al Estado implementar protocolos para proteger el secreto médico y garantizar la atención de emergencias obstétricas, priorizando la salud sobre la denuncia y limitando el uso de elementos de coerción contra mujeres en el parto, posparto o emergencias obstétricas. 

Tres años después de la condena contra El Salvador, los desafíos persisten. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha documentado 197 casos de mujeres encarceladas por aborto o emergencias obstétricas entre 1998 y abril de 2024. Y desde 2022, cuando se decretó el régimen de excepción que se ha prorrogado 26 veces y sigue vigente, se ha incrementado significativamente el riesgo de que las mujeres, en especial las que enfrentan estas emergencias, sean detenidas, sujetas a prisión preventiva y, en última instancia, condenadas sin acceso a las garantías judiciales. 

“La sentencia de Manuela contempla medidas importantes para que los Estados garanticen la salud de las mujeres, lamentablemente se han conocido casos en el marco del régimen de excepción donde se ha violentado el acceso a salud reproductiva de las mujeres que han sido detenidas en el marco de este régimen, advertimos un incumplimiento a la sentencia de Manuela y muestra un contexto preocupante para la garantía de derechos tan básicos como la presunción de inocencia”, expresó Mariana Moisa, del equipo de coordinación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. 

Adicionalmente,muchas mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactancia se encuentran privadas de su libertad.  De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2023, El Salvador ocupa el tercer lugar del mundo con las tasas más elevadas de encarcelamiento femenino, consecuencia de políticas públicas de “mano dura” contraria a los estándares internacionales.  

Actualmente, las mujeres privadas de libertad en el contexto actual de El Salvador que se encuentran embarazadas, en periodo de posparto y lactancia no han recibido la atención en salud necesaria, según organizaciones locales como Cristosal. Las mujeres embarazadas enfrentan barreras para acceder a controles prenatales, con ausencia de tratamiento para complicaciones asociadas al embarazo y pocas garantías en el consentimiento informado. 

Además, las mujeres enfrentan barreras en el acceso a servicios de salud, tales como escasez de profesionales especializados en ginecología y obstetricia, falta de condiciones y elementos para la higiene personal y poca atención en servicios de salud mental. 

Entre tanto, las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas que han sido privadas de la libertad son sometidas a condiciones extremas de hacinamiento, insalubridad y falta de atención en salud; y son separadas de sus hijos y de sus familias, como lo expresó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.  

“Ninguna política de seguridad justifica la violación de los derechos de las mujeres, y la privación de la libertad no es excusa para limitar o negar los servicios de salud, en especial los que tienen que ver con la salud reproductiva. Hoy volvemos a pedirle al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluyendo la modificación del marco legal que criminaliza el aborto, pues solo así se evitará que la dolorosa historia de Manuela se repita”, expresó Esteban Madrigal, Abogado Senior del Centro de Derechos Reproductivos.  

Las organizaciones de sociedad civil recordaron que los Estados deben adoptar medidas especiales para hacer efectivos los derechos de las mujeres embarazadas, en período de posparto y lactancia o cuidadoras principales privadas de la libertad, como lo recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 29 de 2022.  

La salud es un derecho humano fundamental reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), un tratado internacional que El Salvador ratificó en 1978. Esa ratificación no solo significó un compromiso por parte del Estado salvadoreño de cumplir con la Convención y velar por la protección de los derechos humanos, sino que también implicó el reconocimiento y la aceptación de la competencia de la Corte IDH. En consecuencia, El Salvador se encuentra obligado a cumplir con las decisiones de la Corte, incluyendo las medidas de reparación y no repetición que esta dicte.

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Daniel Ruge – Centro de Derechos Reproductivos

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