Se presenta petición ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando el derecho fundamental al acceso al aborto legal en Costa Rica

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva por el Derecho a Decidir de Costa Rica, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de una mujer que fue obligada a llevar a término un embarazo con serias malformaciones incompatibles con la vida.  Dicho embarazo comprometió gravemente su salud mental y física, además de su vida.

“Los estados tienen la clara obligación de garantizar que no se restrinjan los derechos de las mujeres –incluido su derecho a un aborto sin riesgos- por capricho de los funcionarios públicos”, dijo Lilian Sepúlveda, Coordinadora Regional y Asesora Legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.  “Cuando a una mujer se le niega el acceso al cuidado de su salud reproductiva, se le está negando un derecho humano básico –la habilidad de tomar decisiones saludables acerca de su cuerpo y finalmente sobre su bienestar”.

El caso, se refiere a una mujer costarricense de 26 años, A.N., que en su treceava semana de embarazo fue diagnosticada con un encefalocele occipital incompatible con la vida extrauterina, una deformación dramática del tubo neural que se caracteriza por protuberancias en el cerebro con o sin piel.  La mujer optó por un aborto pero sus múltiples solicitudes fueron negadas o ignoradas, a pesar de contar con diversos diagnósticos de sicólogos y psiquiatras que determinaron que su embarazo ponía en grave riesgo su vida por la seria depresión en la que había caído.  Desesperada, A.N. acudió ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la que negó la protección de sus derechos fundamentales por no considerarlos amenazados.  El 30 de junio de 2007, A.N. dio a luz un feto muerto.

En Costa Rica el aborto es legal cuando se amenaza la vida o la salud de la mujer.  Sin embargo, el estado costarricense ha fracasado en establecer regulaciones que aseguren el acceso a dicho servicio de salud esencial o mecanismos mediante los cuales se pueda reclamar el acceso a este derecho, lo que tiene consecuencias dramáticas en la vida de muchas costarricenses que se encuentran a merced de los funcionarios públicos de turno.

La petición sostiene la vulneración de los derechos de la peticionaria, a la vida, a la salud, a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros.  Tanto el Hospital donde fue atendida como la Corte desconocieron que la vida y la salud de A.N. se encontraban en grave peligro, de continuar con el embarazo, y la sometieron a una angustia mental que la llevó a tener constantes ideaciones suicidas además de múltiples repercusiones en su salud física. Con esto, Costa Rica no sólo ha desconocido sus obligaciones internacionales establecidas en diferentes tratados de derechos humanos, sino los diferentes pronunciamientos de órganos de derechos humanos que establecen que donde el aborto es legal el Estado tiene la obligación de asegurar su acceso en condiciones seguras y adecuadas.

Los peticionarios piden al estado de Costa Rica que indemnice a esta joven mujer por el sufrimiento que fue obligada a soportar y que tome todas las medidas necesarias para establecer regulaciones que garanticen que las mujeres que busquen interrumpir un embarazo, de acuerdo con la ley, puedan hacerlo de manera expedita y segura.