Policía salvadoreña reprime violentamente una manifestación pacífica por la despenalización del aborto terapéutico en El Salvador y Nicaragua

El domingo 5 de junio de 2011, en el marco de la 41ª  Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuyo tema principal fue el de la seguridad ciudadana, la policía salvadoreña hizo un uso violento y desproporcionado de la fuerza contra un grupo de 15 personas (12 mujeres y 3 hombres) que se manifestaban pacíficamente en las afueras del edificio donde está teniendo lugar la Asamblea, llamando la atención sobre el tema de la necesidad de la despenalización del aborto terapéutico para el pleno respeto de la vida y la salud de las mujeres.

Las y los defensores de derechos humanos afectados habían asistido a un foro sobre seguridad ciudadana convocado por La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que trató específicamente el tema de la seguridad ciudadana y los derechos humanos de las mujeres. Al finalizar el foro, el pequeño grupo se dirigió con sus pancartas a las afueras de las instalaciones donde se realizó dicha reunión, y rápidamente la policía les pidió que se reubicaran por fuera de las instalaciones del complejo de edificios donde se llevaban a cabo las distintas actividades de la Asamblea. El grupo acató inmediatamente dicha petición y se instaló a metros de las instalaciones. Sin embargo, no contentos con ello, las fuerzas de seguridad empezaron violentamente a ordenar al grupo que se dispersara y cesara de sostener los carteles que llevaban. Distintas personas del grupo intentaron dialogar con la policía, y lo único que recibieron en respuesta fueron golpes y otros abusos físicos y verbales. Entre las agredidas habían varias estudiantes universitarias, abogados, activistas defensoras de los derechos humanos de las mujeres de El Salvador y Nicaragua tan reconocidas como Marta María Blandón y Morena Herrera, y el Presidente de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, el doctor Oscar Flores.

Los hechos acaecidos no sólo violentan los derechos humanos a la libertad de expresión y la integridad personal de las y los defensores de derechos humanos afectados por la violencia policial, sino que además  van en contra de la esencia misma de la seguridad ciudadana, pues se privilegió una visión completamente arbitraria y abusiva del control de los derechos y libertades fundamentales en nombre de una supuesta protección a la seguridad, convirtiendo el espacio público y la expresión pacífica de las y los ciudadanos dentro del mismo en un lugar amenazante. Más allá de eso, lo ocurrido refleja el grado de violencia institucional que genera la criminalización del aborto por parte de las autoridades salvadoreñas, donde el tema está tan estigmatizado que el simple hecho de ponerlo en la discusión pública genera una respuesta violenta por parte del Estado.

El Centro lleva más de una década denunciando cómo las fuerzas de seguridad del Estado de El Salvador controlan y vigilan el cuerpo de las mujeres, tratando a aquellas que por desgracia sufren una emergencia obstétrica como criminales y convirtiendo las salas de emergencia de los hospitales en escenas de un crimen, interfiriendo en la provisión de servicios de salud esenciales, y violando por completo la presunción de inocencia. Como también lo ha denunciado el Centro en diversas oportunidades, muchas mujeres han terminado pagando condenas de más de 30 años luego de ser acusadas del delito de aborto pero condenadas por homicidio, cuando en realidad simplemente tuvieron un parto complicado y auto asistido en las peores condiciones de salud.  A esto se suma ahora una violación al derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tras la violenta represión por parte de cuerpos policiales contra un grupo de mujeres y hombres defensores de derechos humanos, que expresaban su preocupación por las violaciones de derechos fundamentales que se ocasionan como consecuencia de la penalización del aborto terapéutico en El Salvador y Nicaragua, país donde el aborto también está penalizado incluso para salvar la vida de la mujer embarazada, y donde El Centro también lleva años de trabajo apoyando acciones legales con el objetivo de que se restituya la legalidad de la interrupción del embarazo al menos por motivos de peligro a la vida y la salud de la mujer embarazada.

Para el Centro de Derechos Reproductivos ésta situación de uso desproporcionado de la fuerza en contra de mujeres y hombres que defienden los derechos reproductivos en el Continente resulta particularmente grave, y demuestra la necesidad de seguir apoyando el trabajo de las organizaciones socias en los países centroamericanos. Es preciso hoy más que nunca trabajar para que se visibilicen los crueles impactos que la penalización del aborto tiene sobre la vida de las mujeres, acabar con el estigma que un aborto produce, y garantizar que las mujeres tengan acceso a salud reproductiva en condiciones dignas. 

Video de las agresiones tomado por una de las manifestantes >
http://vimeo.com/24833702
http://vimeo.com/24778272

Cubrimiento periodístico de la agresión por el periódico nicaragüense El Nuevo Diario >