Organizaciones De Derechos Humanos Condenan A Perú Por Cerrar Investigaciones Penales Contra Esterilzaciones Fozadas Masivas

(COMUNICADO DE PRENSA) Luego del anuncio reciente del gobierno Peruano de archivar las investigaciones penales sobre esterilizaciones forzadas de cientos de miles de mujeres y hombres en los noventa, cinco organizaciones de derechos humanos se reunieron con funcionarios del gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir la implementación del acuerdo amistoso de un caso de esterilización forzada en Perú.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, cerca de 350,000 mujeres y 25,000 hombres fueron esterilizados entre 1990 y el 2000 –bajo el argumento de una política de control poblacional para enfrentar la pobreza en el país- implementada por el gobierno de Fujimori. Entre esas víctimas se encontraba María Mamérita Mestanza, una mujer amenazada con la reclusión por profesionales de la salud si no consentía a ser esterilizada. Debido a complicaciones del procedimiento, su salud se deterioró y ella murió unos días después.

Luego de que el caso de la Sra. Mestanza fuera llevado ante la CIDH por organizaciones de derechos humanos –el Centro de Derechos Reproductivos, el Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH) y DEMUS –Perú aceptó llegar a un acuerdo amistoso en el 2003 donde se comprometió a investigar y sancionar a los responsables por las esterilizaciones forzadas, así como reparar al esposo y a los hijos de la señora Mestanza. Las cinco organizaciones argumentaron que el archivo de las investigaciones penales viola el acuerdo amistoso firmado.

Dijo Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos:

“El gobierno Peruano terminó con el sueño de construir una familia para miles de mujeres y es reprochable que más de una década después no se haya hecho justicia.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe determinar que el Estado ha incumplido su promesa de abordar estas graves violaciones de derechos humanos.”

En 1999, el Centro junto con DEMUS, CLADEM, APRODEH, y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez c. Perú ante la CIDH, argumentando que la Sra. Mestanza era una de las miles de mujeres afectadas por la política gubernamental masiva, obligatoria, y sistemática que usaba la esterilización como un medio para disminuir rápidamente la tasa de fertilidad, especialmente entre mujeres pobres, indígenas y rurales.

La CIDH aprobó un acuerdo amistoso en el caso de la Señora Mestanza el 10 de octubre de 2003 (Informe No. 71/03). Bajo este acuerdo el Estado se comprometió, entre otros  a “realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.” El acuerdo también estableció al Estado debe proveer a los hijos de la Sra. Mestanza educación primaria y secundaria gratuita y seguro de salud gratuito para su familia. El gobierno también falló en proveer educación secundaria a tres de los hijos de la Sra. Mestanza y la familia se ha enfrentado a dificultades financieras al acceder a servicios de salud.

En enero del 2014 el Estado Peruano archivó las investigaciones alegando la falta de evidencia para apoyar los alegatos en virtud de los cuales cientos de mujeres pobres e indígenas fueron esterilizadas contra su voluntad –violando el acuerdo ante la CIDH y limitando el derecho a la justicia de miles de mujeres. Los peticionarios en el caso de la Señora Mestanza han solicitado a la CIDH que incluya el incumplimiento del acuerdo en su informe anual.