Nuevo Informe: La Penalizacion Total Del Aborto En El Salvador Hace Complices A Sistemas De Salud, Judicial Y Penitenciario En Violaciones De Derechos Humanos

Informe documenta las numerosas violaciones de derechos humanos a raíz de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador

(COMUNICADO DE PRENSA) Las consecuencias de la penalización total del aborto en El Salvador son tan graves, que las mujeres que buscan acceso a servicios necesarios para la protección de su salud están bajo sospecha de haber cometido un crimen, y son tratadas como criminales por el sistema de salud, judicial y penitenciario. Así lo planteó una nueva publicación presentada hoy por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador.

Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto desde una perspectiva de derechos humanos, dando voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por delitos de aborto u homicidio agravado por parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, cuál es el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas, y las resoluciones judiciales dictadas en dichos procesos.

Mónica Arango, directora regional del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, dijo:

"La criminalización total del aborto en El Salvador y los organismos que la sostienen son culpables de brutales violaciones de los derechos humanos de mujeres en todo el país.

"Esta prohibición ha convertido a los hospitales en lugares de vigilancia, inclusive para las mujeres que sufren de complicaciones obstétricas naturales, en vez de ser un lugar para recibir cuidado médico. Muchas de estas mujeres se encuentran encarceladas sin fundamento, y sin modo de conseguir apoyo legal para defenderse.

"Condicionar el acceso de las mujeres a servicios de salud esenciales, a su sometimiento a procesos penales, representa un acto de crueldad, que además va en contravía de las obligaciones internacionales de derechos humanos. La comunidad internacional debe unir fuerzas para exigir el fin de este trato cruel y comprometerse a salvaguardar los derechos reproductivos fundamentales."

La criminalización del aborto en El Salvador es una de las más extremas en el mundo - prohíbe el procedimiento aun cuando es necesario para salvar la vida de la mujer embarazada e impone sanciones penales severas a las mujeres y a los médicos. Bajo la ley salvadoreña, cualquier persona que realiza un aborto con el consentimiento de la mujer o una mujer que se auto-induce o que consiente a otra persona a inducir el aborto, podría ser encarcelada hasta por ocho años. En realidad, la mayoría de las mujeres acaban siendo perseguidas y condenadas por homicidio agravado, que se castiga hasta con 30 años de prisión.

Este informe también aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo, es decir, revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. Teniendo como resultado que ciento veintinueve mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado; y cuarenta y nueve de las mujeres procesadas fueron condenadas, de las cuales 23 fueron condenadas por aborto y 26 por homicidio en distintos grados.

El 57,36% de las denuncias se origina de profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22,48% de las denuncias proviene de familiares y vecinos de las mujeres, lo que perpetúa un ambiente de vigilancia social sobre las mujeres. Tal vigilancia resulta problemática, pues en su mayoría las denuncias son infundadas, por lo que el 49% de los casos las denuncias son archivadas.

La investigación cuantitativa arroja que las mujeres que soportan las consecuencias más graves de la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico. El 68,22% de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años y el 73,64% son mujeres solteras y sin pareja.

"Las mujeres no quieren ir a los hospitales en este país porque hay un riesgo de que los médicos les acusen de realizarse o auto-inducirse un aborto," dijo Angélica Rivas, portavoz para la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador.

"La prohibición total del aborto no está salvando vidas, está poniendo mujeres-especialmente las que se encuentran en situación de pobreza-en peligro. Tenemos que cambiar la legislación actual para que mujeres puedan conseguir atención médica sin riesgo de encarcelación."

Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher demuestra nuevamente que las leyes de aborto restrictivas no se corresponden con tasas inferiores del aborto. Según el estudio, la tasa de aborto en Latinoamérica en 2008- una región dónde el aborto es altamente restringido en casi todos los países- fue de 32 por 1.000 mujeres en edad reproductiva, mientras que en Europa occidental, donde el aborto es generalmente permitido en amplios casos, la tasa fue solamente de 12 por 1.000.