Mujer Salvadoreña Condenada por Aborto es Perdonada y Puesta en Libertad

El Centro de Derechos Reproductivos celebra la decisión del juez, y reitera su llamado al Estado de El Salvador para que revierta su cruel y destructiva criminalización total del aborto.

(Comunicado de prensa) Un juez salvadoreño ha perdonado a "Mery" (seudónimo), una mujer de 27 años con una discapacidad mental que fue condenada a prisión por inducirse un aborto, quien luego de su condena intentó suicidarse y estuvo en prisión por 6 meses.

La prohibición absoluta del aborto en El Salvador es una de las más extremas en el mundo, prohibiendo el procedimiento incluso cuando es necesario para salvar la vida de una mujer e imponiendo duras penas contra mujeres y médicos que participen del procedimiento.

El Centro de Derechos Reproductivos, junto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico de El Salvador, solicitó medidas cautelares en nombre de Mery el 14 de octubre de 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo un trato digno hacia Mery y también exponiendo las consecuencias  que tiene en la vida de las mujeres salvadoreñas la criminalización total del aborto. La Comisión pidió al Estado que demostrara qué medidas estaban tomando para proteger la integridad personal de Mery. El juez designado por el Estado para tal efecto determinó que Mery estaba en riesgo de nuevamente intentar cometer suicidio en la prisión y suspendió su condena el 14 de marzo.

"Las violaciones de derechos humanos que Mery sufrió son muy comunes bajo el represivo régimen legal de El Salvador que criminaliza la que debería ser una decisión privada de salud reproductiva y encarcela a numerosas mujeres y sus doctores por ejercer sus derechos fundamentales", dijo Luisa Cabal, Vicepresidente de Programas del Centro de Derechos Reproductivos. "Si bien nos complace que Mery ha sido puesta en libertad, esto no absuelve al Estado de su responsabilidad de remediar la injusticia y daños sufridos no sólo por ella, sino por incontables mujeres en todo El Salvador".

"La potestad de las mujeres de tomar decisiones autónomas sobre su salud reproductiva, libres de intromisiones por parte del gobierno, es intrínseca para garantizar sus derechos fundamentales a la salud, a la autonomía y a la dignidad".

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe exigir que se ponga fin a la continua persecución en El Salvador por parte del poder judicial y la policía a las mujeres por causa de sus decisiones reproductivas".


Mery se indujo un aborto el 11 de marzo de 2012, y poco después recibió tratamiento médico para las complicaciones que resultaron del procedimiento inseguro. El personal médico la reportó enseguida a las autoridades y los policías llegaron y esposaron a Mery estando todavía en la cama recibiendo tratamiento médico. Mery tuvo un colapso nervioso en el hospital.

A pesar de que la salud mental de Mery se deterioró, el Estado de El Salvador condenó a Mery a dos años de prisión el 28 de agosto de 2012 por inducirse un aborto, enviándola a la Cárcel de Mujeres de Ilopango ese mismo día. Una vez recluida, intentó quitarse la vida, cortándose las muñecas con un clavo oxidado que encontró en el suelo. Desde el 5 de septiembre Mery se encontraba internada en el Hospital Policlínico Arce bajo custodia permanente de hombres y mujeres armados, lo que ha frustrado su posibilidad de recibir visitas de su abogado y su familia, y ha tenido un impacto negativo en su recuperación.

El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado  por más de 12 años para exponer las consecuencias de la criminalización total del aborto tiene sobre las mujeres en El Salvador.  En el año 2000 el centro publicó su reporte investigativo "Perseguidas", denunciando como los servicios de salud, en conjunto con las fuerzas policiales y el sistema de administración de justicia, amenazan la vida y la integridad de las mujeres que atraviesan por abortos espontáneos y provocados, así como las mujeres que tienen complicaciones obstétricas al dar a luz.

El 21 de marzo de 2012, el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Local de El Salvador  presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de "Manuela", una mujer que fue condenada a 30 años de prisión tras tener complicaciones obstétricas de emergencia. Manuela, quien padecía un cáncer (linfoma de Hodgkin) muy avanzado que los servicios de salud no trataron, murió menos de un año después de ser llevada a la Cárcel de Mujeres de Ilopango. Su muerte dejó huérfanos a sus dos hijos pequeños.

El aborto fue legal bajo determinadas circunstancias, pero incluso esas excepciones fueron eliminadas en 1998. Según las leyes salvadoreñas vigentes, cualquiera que realice un aborto con el consentimiento de una mujer, o una mujer que se induzca un aborto o consienta en que otra persona lo haga, puede ser encarcelada por hasta 8 años.

Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher reforzó el hecho de que las leyes que prohíben el aborto no están asociadas con tasas bajas de aborto. El estudio señala que la tasa de aborto del año 2008 en América Latina—donde casi todos los países restringen fuertemente el aborto - era de 32 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, en tanto en Europa Occidental, donde el aborto es generalmente permitido bajo amplias condiciones, dicha tasa es de apenas 12 por 1.000.

Mayor información sobre las restricciones al aborto en el mundo está disponible en el mapa interactivo de las Leyes de Aborto en el Mundo que publica el CDR.