Llamado para abordar la violencia sexual institucionalizada en las escuelas de América Latina

En la última década, miles de niñas y adolescentes latinoamericanas han asistido a la escuela esperando aprender y crecer en un ambiente seguro y confiable. Por el contrario, estas niñas inocentes han sido víctimas de violencia sexual por parte de los profesores, autoridades escolares y el personal encargado de su educación y cuidado.

El 24 de octubre de 2011, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Reproductivos hizo un llamado de atención urgente hacia este fenómeno generalizado que afecta a las escuelas en América Latina.

El Centro, junto con ITAM, Funderes, y Women's Link Worldwide, presentaron un informe que examina cómo se perpetúa el ciclo de violencia sexual en las instituciones educativas. Aunque los datos disponible son escasos, existe suficiente evidencia para concluir que estos casos de abuso no son aislados; sino que hacen parte de una aflicción institucionalizada por la cual todos los Estados son responsables.

El informe se centra en cuatro países latinoamericanos en los que la violencia sexual en las escuelas ha demostrado ser una práctica arraigada: México, Bolivia, Ecuador y Colombia. Las estadísticas--y las historias detrás--son horribles:

-Entre 2002 y 2007, se presentaron 3.242 denunias de abuso sexual y físico sólo en el D.F., México, ante la Unidad para la Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI). En Colombia, se reportaron 337 incidentes de violencia sexual en las escuelas sólo en el año 2007.

-Paola del Rosario Guzmán Albarracín tenía 16 años cuando comenzó a sufrir acoso sexual incesante por parte del vicerrector de su escuela en Ecuador. El abuso fue tan devastador que se suicidó. Tras descubrir que Paola había ingerido una sustancia venenosa llamada fósforo blanco, las autoridads escolares no le proporcionaron atención médica inmediata, ni le avisaron a sus representantes legales-y ella falleció siendo transladada a un hospital. El vicerrector fue acusado de acoso sexual, pero el juez lo declaró inocente argumentando que fue Paola quién se acercó primero al vicerrector, pidiéndole una oportunidad para retomar un exámen para mejorar sus calificaciones. El Centro ha estado luchando en nombre de Paola para que se haga justicia desde el año 2006, y está en negociones con el Estado para llegar a un acuerdo.

-En Bolivia, el cuerpo de una niña de 10 años fue encontrado en la bodega de deportes de su escuela, cuatro días después de que había desaparecido después de que su madre la dejó en la escuela una mañana. La niña había sido estragulada y había signos evidentes de abuso sexual. Nueve años después, la policia todavía no ha acusado a nadie por este horrible delito.

Estos incidentes son emblemáticos de las injusticias que ocurren cada día en América Latina. Los factores estructurales que sustentan estas prácticas todavía persisten. Existen pocos sistemas efectivos en los cuales la denuncia, investigación, juicio y reparación se llevan a cabo de forma rápida y adecuada.

Apesar de las leyes que obligan a los Estados a actuar en el mejor interés de los niños, el sistema legal prioriza muy a menudo la protección de los adultos involucrados en estos casos, y los estereotipos de género impactan negativamente la implementación necesaria de las leyes que existen. La historia del adulto acusado por lo general prevalece sobre la versión de la víctima de la violencia sexual, lo que revictimiza a las menores y causa daño irreparable a su salud mental y bienestar.

Los pocos casos de violencia sexual en instituciones educativas que llegan a los tribunales, tienden a estancarse en los sistemas de justicia del Estado, lo que evita la compensación y rehabilitación adecuada para la víctima, y permite que los autores permanezcan libres de ser procesados. Muchas veces, los directores de las instituciones expresan su tolerancia por estas acciones deplorables simplemente transfiriendo a los profesores acusados a otras escuelas, y excepciones legales que permiten que las instituciones educativas investiguen y reporten por su propia cuenta los incidentes, definitivamente contribuyen a una sistema ineficaz e injusto que perjudica a las niñas más de lo que las ayuda.

Paradójicamente, esta indiferencia y negligencia ocurren en lugares que deben fomentar el desarollo y bienestar de los niños, y que dependen de relaciones profesor-estudiante basadas en la confianza y la intimidad. Este contacto personal tan cercano amplifica los riesgos de que un niño o niña esté expuesto a violencia sexual institucionalizada, y hace menos probable que él o ella informe sobre tales incidentes.

El abuso sexual en instituciones educativas viola varias leyes internacionales, por varias razones incluidas violaciones a los derechos a la educación; a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes; acceso a la justicia; al nivel más alto de salud y bienestar; y a la no discriminación.

La semana pasada, el Centro instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que priorice la responsabilización de los Estados por el abuso sexual institucionalizado en las escuelas, así como la solicitud de información a los Estados que permita una evaluación a fondo de éstos problemas. El Centro espera que las estadísticas alarmantes y las advertencias urgentes aumenten la conciencia de los Estados y los lleve a responsabilizar a los perpetradores, poniendo fin al ciclo de abuso, para que las instituciones educativas puedan convertirse en refugio seguro para el aprendizaje.