La Corte Europea de Derechos Humanos falla que la prohibición del aborto en Irlanda viola los derechos humanos, pero sin el alcance suficiente

Nueva York – El 16 de diciembre de 2010, la Corte Europea de Derechos Humanos emitió un fallo determinando que la actual prohibición del aborto en Irlanda violó los derechos humanos de una mujer que se vio obligada a salir del país con el fin de conseguir un aborto para proteger su vida.  Actualmente, en Irlanda sólo se permite el aborto cuando peligra la vida de la mujer.  Tres mujeres que se vieron obligadas a salir de Irlanda para abortar demandaron la ley en el año 2005, argumentando que la ley ponía en riesgo su salud.  Las tres mujeres usaron pseudónimos –Demandantes A, B y C- en el caso ABC v. Irlanda.  La Corte consideró que Irlanda había violado el derecho a la vida privada de la Demandante C, una mujer que había tenido una extraña forma de cáncer y temía que éste reincidiera como resultado de su embarazo.  La Corte también aseveró que había importantes inconvenientes en la práctica médica en Irlanda para proteger la vida de la mujer y que el Estado debía legislar para proveer servicios de aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer.
 
 “Aunque la resolución de la Corte Europea es un paso sumamente importante hacia un mayor acceso de las mujeres al aborto en Irlanda, es todavía increíblemente insuficiente para proteger la salud de las mujeres”, dijo Christina Zampas,  Coordinadora Regional y Abogada para Europa del Centro de Derechos Reproductivos.  “Esta decisión no tiene en cuenta la humillación y las dificultades económicas y prácticas que las mujeres soportan para viajar a otro país y conseguir un aborto para proteger su salud personal.  Nadie debería tener que salir de su propio país para ejercer sus derechos humanos”. 

A pesar del reconocimiento de la Corte de que el carácter restrictivo de la ley irlandesa de aborto no concuerda con el resto de Europa y que tuvo un impacto negativo en las demandantes A y B,  decidió someter a consideración de Irlanda para la determinación de las bases bajo las cuales una mujer debe tener el derecho legal a un aborto, incluidas las circunstancias en las que su salud está en riesgo. La opinión de la Corte indica que, como la ley irlandesa permite que las mujeres salgan del país para conseguir un aborto y las mujeres pueden obtener información sobre dónde conseguirlo en el extranjero, la protección que confiere la ley a la salud de las mujeres es suficiente.

El Centro de Derechos Reproductivos y el Programa Internacional de Derechos Reproductivos y Salud Sexual de la Universidad de Toronto presentaron en conjunto una intervención de terceros o amicus curiae en el caso apoyando la objeción a la ley de las peticionarias.  En su calidad de organización internacional de defensa de los derechos humanos, el Centro argumentó que la ley irlandesa de aborto es incongruente con los criterios legales para la regulación del aborto en el derecho internacional de los derechos humanos y en comparación con otros países europeos.  Por ejemplo, todos menos cuatro países de los 47 miembros del Consejo de Europa, incluido Irlanda, permiten que una mujer aborte para proteger su salud. Como se indicó en la opinión disidente, es la primera vez que la Corte ha hecho caso omiso de la existencia de un consenso europeo sobre la base de “profundos puntos de vista morales”.
 
Las demandantes A, B y C se vieron obligadas a viajar a Inglaterra para conseguir un aborto, cada una de ellas en diferentes circunstancias. La demandante A vivía en la pobreza cuando, sin tener la intención, quedó embarazada. Sus hijos estaban bajo el cuidado del Estado, pero ella estaba en proceso de recuperar su custodia.  La mujer pensó que otro hijo pondría en riesgo lograr la unificación de su familia. La demandante B se enteró de que corría el riesgo de un embarazo ectópico después de saber que estaba embarazada. Como era una condición que amenazaba su vida, decidió recurrir a un aborto. La demandante C había pasado por un tratamiento de quimioterapia de tres años de duración por cáncer. Cuando el cáncer remitió, quedó en embarazo, sin tener la intención. Sin saber que estaba embarazada en aquel momento, se sometió a una serie de pruebas para determinar su estado de salud. Las pruebas que le realizaron no eran aconsejables durante el embarazo. Cuando supo que estaba embarazada, no pudo encontrar un médico dispuesto a determinar si su vida corría riesgo si llevaba a término el embarazo, ni cómo podría haber sido afectado el feto por las pruebas. Ella decidió abortar.