En contravía de sus propias leyes, Costa Rica sigue negando a las mujeres el acceso al aborto legal

El Centro de Derechos Reproductivos demanda por segunda vez la violación de derechos humanos en Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(COMUNICADO DE PRENSA) El Estado costarricense continúa violando los derechos humanos fundamentales de las mujeres y su propia legislación al no garantizar a las mujeres embarazadas el acceso a servicios necesarios de aborto para la protección de su salud. Así lo planteo, una nueva petición presentada hoy por el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva por el Derecho a Decidir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La petición fue presentada en representación de “Aurora,” (un seudónimo), una mujer costarricense de 32 años quien- a pesar de llevar un feto con  malformaciones severas incompatibles con la vida extra uterina, sufriendo de  depresión y dolor físico- se le negó el aborto terapéutico que solicitó.  El aborto es legal en Costa Rica cuando la salud o vida de la mujer estén en riesgo.

Mónica Arango, directora regional del programa para América Latina y el Caribe del el Centro de Derechos Reproductivos, dijo:

“Negar a una mujer el acceso a servicios de salud esenciales cuando su salud está en riesgo es una clara y grave violación de sus derechos humanos.

El fracaso de Costa Rica en garantizar el cuidado esencial a una mujer que se enfrenta a un complicaciones devastadoras en su salud por el embarazo representa un acto de crueldad insensible que además va en contravía de las propios leyes del país, así como de los estándares internacionales sobre trato cruel, inhumano y degradante.”

Aurora y su esposo deseaban convertirse en padres y se emocionaron mucho cuando en junio de 2012 recibieron la noticia de que Aurora estaba embarazada. Sin embargo, con pocas semanas de embarazo Aurora empezó a sentirse enferma. El 4 de septiembre de 2012, después de haber sido informada por sus médicos que el feto que llevaba tenía Síndrome de Abdomen Pared, una discapacidad presente cuando la vejiga y los riñones no se desarrollan bien, dejando el feto inviable, Aurora solicitó un aborto terapéutico. Los médicos de Aurora rechazaron repetidamente su solicitud de terminación terapéutica del embarazo, asegurando que solamente se permitía terminar el embarazo si su vida estuviera en riesgo,  y no tomaron en cuenta que la salud de Aurora estaba deteriorándose rápidamente.    

El 17 de diciembre de 2012, después de que su representante legal había agotado todas las opciones, Aurora presentó un “recurso de amparo” ante el Tribunal Supremo de Costa Rica, pidiendo que se le protegiera su derecho a la salud, entre otros, y se le concediera un adelanto de parto, debido a que la condición de su embarazo estaba deteriorando su salud mental. El Tribunal tomó 36 días  en resolver su solicitud- mientras tanto Aurora tuvo una cesárea de emergencia el 30 de diciembre dando a luz un feto que murió inmediatamente después de la cesárea. En su sentencia el Tribunal estuvo de acuerdo con el hospital, asegurando que no había riesgo a su salud cuando inició la solicitud.

Además de  la petición de “Aurora,” el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva por el Derecho a Decidir presentaron una petición en 2008 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de “A.N.,” una mujer costarricense de 26 años que estaba embarazada de un feto anencefálico inviable, (sin cerebro), diagnóstico que se le informó con 6 semanas de embarazo. A.N. le fue negado repetidamente acceso a un  aborto legal, sufriendo depresión severa e ideaciones suicidas como resultado de continuar el embarazo. El 7 de junio de 2007, tuvo que pasar por más de 7 horas de parto, dando a luz un mortinato. Hoy en día, A.N. todavía sufre de estrés postraumático y de problemas gastrointestinales crónicos debido a su embarazo. La Comisión Interamericana no ha admitido su petición todavía.

El aborto es legal en Costa Rica sólo cuando la salud y la vida de la mujer embarazada están en riesgo, sin embargo, no existe ningún tipo de regulación que asegure el acceso al aborto en los casos en que es legal. Por consiguiente, las mujeres costarricenses son sometidas a la discreción de los médicos para acceder a servicios legales de aborto, y muchas veces los médicos se niegan a desempeñar procedimientos de aborto por temor a la persecución penal. Actualmente, los médicos pueden ser condenados hasta 10 años si son culpables de proveer un aborto presuntamente ilegal de acuerdo al código penal costarricense.    

Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher vuelve a demostrar que las leyes de aborto restrictivas no tienen correspondencia  con tasas inferiores del aborto. Según el estudio, la tasa de aborto en Latinoamérica en 2008- una región dónde el aborto es altamente restringido en casi todos los países- fue 32 por 1.000 mujeres en edad reproductiva, mientras que en Europa occidental, donde el aborto es generalmente permitido en amplios casos, la tasa fue solamente de 12 por 1.000.