El Centro de Derechos Reproductivos demanda al Estado salvadoreño por detenciones arbitrarias y trato cruel ante la CIDH

La historia de Manuela demuestra los resultados fatales de la ley en El Salvador que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y por qué tiene que cambiar

De acuerdo con la petición presentada hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local ( Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico de El Salvador), la prohibición absoluta del aborto en El Salvador ha resultado en consecuencias trágicas, y frecuentemente fatales, para las mujeres de ese país, resultando en detenciones arbitrarias de mujeres que han sufrido un aborto espontáneo o complicaciones obstétricas. 

La petición se presentó a nombre de "Manuela" (seudónimo) y su familia. Manuela era una salvadoreña de 33 años y madre de dos hijos, que fue acusada de homicidio y sentenciada a 30 años de prisión tras sufrir una grave emergencia obstétrica. El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más extremas del mundo, lo prohíbe incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer embarazada, e impone duras penas contra mujeres y médicos que participen en el procedimiento.

"Las mujeres están pagando un precio muy alto, en muchos casos incluso con su vida, por la prohibición absoluta del aborto en El Salvador ", señaló Nancy Northup, Presidenta del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), una organización internacional dedicada a la defensa de la salud reproductiva de la mujer mediante herramientas jurídicas. " Las leyes salvadoreñas han convertido las salas de emergencia en escenas de un crimen, obligando a las mujeres embarazadas a vivir bajo un manto de sospecha. La comunidad internacional debe unir fuerzas para exigir el fin de este trato cruel y comprometerse a salvaguardar los derechos reproductivos fundamentales ".

Desde el momento en que Manuela llegó al hospital buscando atención médica de emergencia, en estado semiinconsciente y con una fuerte hemorragia, el personal médico la trató como si ella se hubiese provocado un aborto e inmediatamente la denunció a las autoridades policiales. Fue esposada a su cama en el hospital y acusada de homicidio.

Manuela fue condenada a 30 años de prisión sin haber hablado jamás con su abogado de oficio, sin haber tenido la oportunidad de pronunciarse en su propia defensa, y sin derecho a apelar la decisión. Sorprendentemente, el juez que falló el caso afirmó que "su instinto materno debió haber prevalecido" y "que ella debió haber protegido al feto".

Tras varios meses en prisión, se descubrió que los tumores que Manuela tenía desde hacía varios años, tumores en el cuello que eran evidentes a simple vista y por los que pidió ayuda médica más de una vez sin ser diagnosticada, eran un linfoma de Hodgkin avanzado, una enfermedad que probablemente tuvo directa relación con la emergencia obstétrica que se presentó.

Trágicamente, Manuela nunca recibió el tratamiento adecuado para su enfermedad, y murió en prisión en 2010, dejando huérfanos a sus dos hijos pequeños. Su enfermedad pudo haberse detectado a tiempo, si Manuela hubiera recibido una adecuada atención médica cuando consultó por los tumores, y si el personal médico el día de la emergencia le hubiese prestado una mínima atención a su estado de salud, en lugar de preocuparse únicamente por ponerla tras las rejas.

Esta batalla legal marca la primera vez que una instancia judicial internacional va a conocer el caso de una mujer que es condenada a prisión tras buscar atención médica por una emergencia obstétrica, como resultado de una prohibición absoluta del aborto. En el caso se muestra cómo la prohibición total del aborto en El Salvador viola una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, a un trato humanitario, y el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial.

"Las mujeres salvadoreñas han sido perseguidas injustamente por su gobierno durante demasiado tiempo", agrega Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el Caribe del CDR. " Estamos presentando el caso de Manuela ante un organismo internacional de derechos humanos para que no haya más mujeres que tengan el mismo destino trágico, y El Salvador sea finalmente responsabilizado ".

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local ( Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico de El Salvador) publicarán más adelante un informe detallando los casos de otras mujeres salvadoreñas afectadas por la prohibición absoluta del aborto que rige en ese país.

El aborto en El Salvador fue legal bajo determinadas circunstancias muy limitadas, pero incluso esas excepciones fueron eliminadas en 1998, tal como lo documentó el CDR en un informe publicado en el año 2000. En la actualidad El Salvador es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe -además de Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile- donde el aborto se prohíbe de manera absoluta, incluso cuando peligran la vida o salud de la mujer. Mayor información sobre las restricciones al aborto en el mundo se encuentra disponible en el mapa interactivo de las Leyes de Aborto en el Mundo que publica el CDR.

Conforme a la ley salvadoreña, quien realice un aborto con el consentimiento de la mujer, o la mujer que se practique un aborto o consienta a que alguien se lo practique, puede ser condenado a una pena de hasta ocho años de prisión.

Pero al igual que Manuela, muchas mujeres que sufren abortos espontáneos o complicaciones obstétricas no sólo son acusadas de haber cometido un delito, sino que son procesadas por el delito de homicidio agravado por el parentesco, que tiene una pena de hasta 50 años de prisión, y condenadas a permanecer durante décadas tras las rejas.

"Liberalizar las leyes que prohíben el aborto, como ocurre en El Salvador, es fundamental para salvar las vidas y proteger la salud de millones de mujeres en todo el mundo cada año ", expresó Northup. " Estudio tras estudio ha demostrado que no hay ningún resultado positivo que siga a la prohibición total del aborto".

Un estudio conjunto realizado recientemente por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher confirma el hecho de que las leyes que prohíben el aborto no están asociadas con tasas bajas de aborto. El estudio señala que al año 2008 la tasa de aborto en América Latina -donde casi todos los países restringen fuertemente el aborto- era de 32 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, en tanto que en Europa Occidental, donde el aborto es generalmente permitido bajo amplias condiciones, dicha tasa es de apenas 12 por 1.000.