Perú cierra Investigación Criminal sobre Esterilizaciones Forzadas Masivas

El Centro de Derechos Reproductivos hace un llamado al Estado por no cumplir con sus obligaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(Comunicado de Prensa) La Fiscalía peruana ha cerrado la investigación contra el ex presidente Alberto Fujimori y los funcionarios de salud de su administración, involucrados en las esterilizaciones forzadas masivas de cientos de miles de mujeres, argumentando que el caso carecía de pruebas suficientes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, cerca de 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados entre los años 1990 y 2000, bajo el pretexto de una política de control de la población para hacer frente a la pobreza en el país, implementada por el gobierno de Fujimori.

Mónica Arango, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos dijo:

“Al no procesar a las personas responsables de esta grave violación de derechos humanos, el gobierno peruano ha dado la espalda a miles de mujeres esterilizadas sin consentimiento bajo el pretexto de la planificación familiar, durante el régimen de Alberto Fujimori.

“La esterilización forzada en Perú ha arrebatado a estas personas su derecho fundamental a decidir si y cuándo tener hijos, y ha perjudicado desproporcionadamente a las comunidades indígenas y marginadas en el país. Para estas mujeres el sueño de construir una familia ha sido aplastado.

“Estas políticas claramente fueron violaciones de derechos humanos y constituyen un trato cruel e inhumano. Las mujeres de Perú merecen justicia por lo que se les ha hecho.”

En 1999, el Centro junto con DEMUS, CLADEM, APRODEH y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los funcionarios de salud amenazaron con llevar a María Mamérita ante la policía si ella no daba su consentimiento para ser esterilizada. Debido a complicaciones del procedimiento médico, su salud se deterioró rápidamente y falleció pocos días después. En la petición se alegó que el caso de la Sra. Mestanza es uno de los miles de casos de mujeres afectadas por una política gubernamental masiva, obligatoria y sistemática, que consistió en la esterilización como un medio para disminuir rápidamente la tasa de fecundidad, especialmente entre mujeres pobres, indígenas y rurales.

La CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de la Sra. Mestanza el 10 de octubre de 2003 (Informe No. 71/03). Bajo este acuerdo el Estado se comprometió, entre otras cosas “a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.”

En 2009, la Comisionada y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH envió una carta al Estado peruano en la cual expresaba “su profunda preocupación por el incumplimiento de la cláusula tercera del acuerdo que establece el compromiso del Estado de realizar una investigación exhaustiva de los hechos y de aplicar las sanciones legales a toda persona participante de los hechos…” El Estado peruano afirmó que el 21 de octubre de 2011 la oficina del Ministerio Público ordenó la reapertura de la investigación sobre la esterilización forzada de la Sra. Mestanza y otras miles de mujeres durante la segunda mitad de la década de 1990.

Sin embargo, en incumplimiento del mencionado acuerdo de solución amistosa, el Estado peruano cerró las investigaciones, alegando falta de pruebas que apoyen las afirmaciones de que cientos de mujeres, en su mayoría pobres e indígenas fueron esterilizadas contra su voluntad. El Centro expresa su preocupación que esta decisión implica que el Estado peruano dejará impunes serias violaciones de derechos humanos.